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Análisis del crecimiento y riesgos de la deuda pública en República Dominicana

Por Alejandro Santos El tema de la deuda produce inquietud en los acreedores, que quieren que les paguen religiosamente; en el país, que tiene que cumplir los compromisos; y, sobre todo, en la población, que es quien realmente la paga con los impuestos. El laberinto de la deuda tiene diversos matices, empezando porque es un […]

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Análisis del crecimiento y riesgos de la deuda pública en República Dominicana

¿Sabes quién paga realmente la deuda pública? La respuesta es sencilla: la población, a través de sus impuestos.

En República Dominicana, el endeudamiento externo se justifica para construir infraestructura, pero el país parece estar llegando a su límite. Existen señales claras de saturación: se están tomando nuevos préstamos para pagar intereses y amortizar deudas anteriores, mientras aumentan los impuestos para generar recursos.

Aunque las autoridades argumentan que la deuda ha disminuido en términos relativos al medirla como porcentaje del PIB, la realidad es que el monto total no deja de crecer.

Veamos las cifras desde 2004 hasta las proyecciones de 2026. Durante la gestión de Leonel Fernández, la deuda aumentó en 12 mil 878 millones de dólares. Con Danilo Medina, el incremento fue de 25 mil 159 millones. Y bajo la gestión de Luis Abinader, se estima un aumento de 23 mil 549 millones. En total, el crecimiento asciende a 61 mil 586 millones de dólares.

Este patrón se repite: la oposición critica el endeudamiento y, al llegar al gobierno, hace lo contrario.

El riesgo es real. La presión tributaria es alta y surge la interrogante: ¿qué pasará si el país entra en una incapacidad de pagos, similar a la crisis que enfrentó Latinoamérica en los años ochenta?

Para evitarlo, es urgente detener el crecimiento de la deuda y cambiar la dinámica. Esto implica disminuir los gastos improductivos, controlar los subsidios al sector eléctrico, detener la corrupción y priorizar la producción de riquezas nacionales. El objetivo debe ser que el ciudadano sienta menos presión fiscal y reciba servicios públicos eficientes y satisfactorios.

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