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Venezuela aprueba reforma de la ley eléctrica para permitir inversión privada

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este martes por unanimidad, luego de tres aplazamientos del debate definitivo, una reforma parcial de la ley eléctrica para propiciar la inversión privada y extranjera en el sector, cuya prolongada crisis se ha agravado este año con el crecimiento de la demanda y en medio de la apertura petrolera.

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Venezuela aprueba reforma de la ley eléctrica para permitir inversión privada

¿Qué ocurre con la crisis eléctrica en Venezuela? La Asamblea Nacional aprobó una reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico para propiciar la inversión privada y extranjera en el sector.

A partir de ahora, la generación de electricidad no será exclusiva del Estado, sino que también podrá ser ejercida por empresas mixtas y privadas que cuenten con la habilitación correspondiente. Según la nueva normativa, las concesiones podrán otorgarse por un plazo máximo de 25 años.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aclaró que esta medida no promueve la privatización, sino la apertura para que el sector privado se incorpore a la generación y autogeneración, beneficiando principalmente a grandes consumidores, industrias y centros comerciales.

El Ministerio de Energía Eléctrica será el encargado de otorgar las concesiones para generaciones que superen los 50 megavatios o que afecten bienes de dominio público. Una vez finalizada la habilitación, los bienes construidos o adquiridos deberán ser transferidos a la estatal Corpoelec.

En cuanto al sector petrolero, las empresas deberán garantizar su propia autonomía operativa mediante modelos de autogeneración o contratación de terceros. Estas compañías no requerirán autorización estatal para generar energía destinada a sus redes internas, a menos que se interconecten a la red nacional.

La ley también establece sanciones: multas de hasta el 2% de los ingresos brutos por incumplimientos, y penas de prisión de dos a seis años por hurto de equipos o de energía eléctrica con fines de lucro.

Esta reforma llega en medio de una crisis eléctrica prolongada y un incremento de los apagones. Mientras el Gobierno atribuye el problema a sanciones, fenómenos climáticos y sabotajes, la oposición y expertos señalan la corrupción y la falta de mantenimiento.

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