Un grupo de aproximadamente 250 mujeres que aspiran a incorporarse a las filas de la Policía Nacional ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para impugnar el sistema de calificación utilizado en las pruebas de acceso al cuerpo. Las recurrentes sostienen que la metodología actual establece un "doble filtro físico" que discrimina a las opositoras y reduce significativamente sus posibilidades de obtener una plaza en el cuerpo policial.
El recurso legal ha sido presentado por el despacho de abogados Suárez-Valdés, que actúa en representación de las afectadas. La demanda está dirigida contra el Ministerio del Interior y, específicamente, contra el ministro Fernando Grande-Marlaska. El proceso judicial se está tramitando actualmente ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM.
El núcleo de la demanda reside en la operativa de calificación aplicada por la Administración. Según exponen las recurrentes, el sistema implementa inicialmente una diferenciación en las pruebas físicas, estableciendo ejercicios y baremos distintos para hombres y mujeres con el objetivo expreso de favorecer la incorporación femenina. Sin embargo, denuncian que, tras esta fase, la Administración vuelve a comparar los resultados de ambos sexos mediante un sumatorio conjunto de las calificaciones totales de la oposición.
A juicio de las opositoras, esta fórmula constituye una "discriminación indirecta por razón de sexo". Argumentan que, aunque las pruebas se realicen de manera diferenciada para compensar las diferencias biológicas, el hecho de integrar los resultados en una puntuación final común obliga a las mujeres a competir nuevamente en términos físicos contra los hombres. Para las recurrentes, esta interpretación de las bases de la convocatoria vulnera no solo el principio constitucional de igualdad, sino también las políticas de acción positiva diseñadas para incrementar la presencia de mujeres en el cuerpo.
Para sustentar estas afirmaciones, la demanda incluye un análisis detallado de datos estadísticos provenientes de procesos selectivos anteriores. Las cifras aportadas muestran que, de un total de 429 aspirantes que fueron declarados no aptos tras la aplicación del sumatorio final, el 54,78% eran mujeres (235 personas), mientras que el 45,22% eran hombres (194 personas).
La disparidad se vuelve aún más evidente al analizar a quienes superaron la prueba psicotécnica. Los datos indican que el 24,66% de las mujeres que habían aprobado dicha prueba fueron posteriormente excluidas debido a la calificación conjunta. En contraste, solo el 9,31% de los hombres en la misma situación fueron descartados. Según los cálculos presentados por el equipo legal de las recurrentes, el porcentaje de mujeres excluidas por este sistema de sumatorio fue un 264,88% superior al de los varones.
Además de la problemática del sumatorio físico, el recurso cuestiona la nota de corte de la prueba psicotécnica, la cual fue fijada en 4,75 puntos por el tribunal de selección. Las opositoras consideran que esta cifra se estableció de forma arbitraria y carece de una justificación técnica suficiente, lo que supondría un incumplimiento de lo previsto en las bases de la convocatoria.
La demanda hace hincapié en que la finalidad de las pruebas físicas diferenciadas es precisamente evitar que las mujeres compitan en igualdad de marcas con los hombres en ejercicios donde parten de una desventaja física natural. Como ejemplo, el escrito recuerda que, mientras que a los aspirantes varones se les exige la realización de dominadas, a las mujeres se les requiere mantenerse suspendidas en una barra durante el mayor tiempo posible, contando ambos ejercicios con sistemas de evaluación distintos.
Por todo ello, las recurrentes defienden que integrar posteriormente estas calificaciones en un mismo sumatorio desvirtúa el propósito de las pruebas diferenciadas y perjudica directamente a las mujeres. Sostienen que esta práctica es contraria al artículo 14 de la Constitución Española, que garantiza el derecho a la igualdad y prohíbe la discriminación por razón de sexo, así como a la normativa estatal y europea vigente sobre igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público.
Finalmente, las aspirantes solicitan al TSJM la nulidad o anulación de la resolución impugnada. Piden expresamente que se retrotraiga el proceso selectivo con el fin de recalcular la nota de corte de la prueba psicotécnica, modificar la relación de aspirantes considerados aptos y proceder a la reasignación de las plazas de policías alumnos.
