El Gobierno, bajo el liderazgo de Abelardo de la Espriella, ha presentado al Congreso un proyecto de ajuste fiscal que introduce cambios significativos en el financiamiento del sector salud. Esta iniciativa es vista por la ministra Ana María Vesga como una apuesta fundamental para recuperar el sistema, fortalecer la solidaridad y garantizar recursos destinados al pago de medicamentos, procedimientos y al talento humano del sector.
La urgencia de estas medidas radica en el déficit financiero que enfrenta el sistema. Según Alejandro Escobar, analista de la firma Sectorial, las estimaciones presupuestales para el año 2027 revelan un hueco financiero de COP 16 billones. Aunque se aprobó una adición presupuestal que inicialmente era de COP 5 billones pero terminó quedando en COP 2 billones, la brecha actual se sitúa en COP 14 billones, espacio donde el Gobierno busca intervenir a través de esta reforma.
Una de las propuestas centrales es la modificación de las cotizaciones de trabajadores y empleadores. Para los asalariados, el proyecto plantea un incremento progresivo en el descuento de salud para quienes ganen más de dos salarios mínimos. Actualmente, todos los trabajadores dependientes aportan el 4 % de su salario. Con la reforma, el 75,2 % de los asalariados (quienes ganan hasta dos salarios mínimos) mantendría su aporte actual. Sin embargo, se establece una escala ascendente: quienes ganen entre dos y cuatro mínimos pagarían el 5,5 %; entre cuatro y cinco el 6 %; entre cinco y diez el 6,5 %; entre diez y quince el 7 %; entre quince y veinte el 7,5 %, y quienes superen los veinte salarios mínimos aportarían el 8 %.
En cuanto a los empleadores, el Gobierno busca reducir la exoneración de aportes a salud, Sena e ICBF implementada en 2012. La propuesta mantiene la exoneración solo para trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos. Por encima de ese nivel, los empleadores asumirían los aportes progresivamente, hasta llegar al pago total (8,5 % salud, 2 % Sena y 3 % ICBF) para aquellos empleados que ganen más de tres salarios mínimos. Johnattan García-Ruiz, consultor de Decilion, señala que este ajuste corrige una carga que el Estado había asumido desde 2016, aunque advierte sobre el riesgo de que las empresas opten por contratos de prestación de servicios para reducir costos.
El proyecto también propone extraer recursos de las cajas de compensación familiar. Se plantea transferir anualmente uno de los cuatro puntos porcentuales que los empleadores aportan a estas entidades hacia la Adres. Asimismo, se pretende utilizar los excedentes del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) al cierre de 2026, además de usar saldos no ejecutados anualmente durante cinco años para saldar deudas del sector salud con hospitales y clínicas, estimando un recaudo de COP 1,5 billones.
En el ámbito tributario, se impulsan los llamados "impuestos saludables". Para el tabaco, se propone aumentar el impuesto específico por cajetilla de COP 4.446 en 2026 a COP 7.823 en 2027 y a COP 11.200 en 2028, sumando un componente ad valorem del 10 %. Esta medida se extiende a vapeadores y tabaco calentado. Para el alcohol, se propone elevar el IVA del 5 % al 19 % y ajustar los impuestos al consumo de licores, vinos y cervezas, los cuales se actualizarían anualmente según la inflación más cuatro puntos porcentuales a partir de 2028. Finalmente, las bebidas ultraprocesadas azucaradas incluirían ahora a las endulzadas con edulcorantes, con tarifas según el contenido de azúcar.
No obstante, expertos advierten que no todo el recaudo se traducirá en recursos adicionales para la salud. Alejandro Escobar explica que, aunque los cambios suman aproximadamente el 0,76 % del PIB (COP 14 billones), el incremento en las cotizaciones patronales (0,38 % del PIB) sería compensado por una reducción equivalente en las transferencias directas de la Nación. Es decir, el Estado simplemente sustituye su gasto por el aporte del empleador.
Además, el proyecto contempla derogar el artículo 243 del Estatuto Tributario, el cual destina el 4,4 % del impuesto de renta de las empresas específicamente a la salud. Al eliminar esta destinación exclusiva, esos fondos pasarían al presupuesto general, dejando su asignación al sector salud sujeta a decisiones gubernamentales y no a una garantía legal.
