La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) ha emitido un llamado urgente a la movilización social para este martes 10 de noviembre. La medida surge como una respuesta desesperada y contundente ante el incremento de la criminalidad, específicamente enfocada en las extorsiones perpetradas por el crimen organizado y la alarmante frecuencia de asesinatos de choferes que operan en el sistema de transporte público.
Martín Valeriano, quien se desempeña como presidente de Anitra, ha confirmado que esta jornada de protesta no será un esfuerzo aislado, sino que contará con el respaldo activo de más de 50 empresas de transporte público que forman parte del gremio. Asimismo, el dirigente señaló que existe la posibilidad de que otras compañías, que aún no han formalizado su adhesión, se sumen a la medida en las próximas horas. Un punto crítico de esta convocatoria es que, durante la jornada de movilización, los servicios de transporte de todas las empresas participantes quedarán totalmente suspendidos, lo que impactará directamente en la movilidad de los ciudadanos.
En declaraciones brindadas a RPP, Valeriano fue enfático al explicar los motivos detrás de esta acción. “Nosotros vamos a salir a hacer una marcha de protesta por todo lo que viene ocurriendo y que el Gobierno tiene que ya concretar las acciones”, declaró el dirigente. El presidente de Anitra puso en duda la efectividad de las estrategias actuales, cuestionando que, a pesar de los constantes anuncios oficiales y las acciones que el Estado ha vinculado con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, los resultados tangibles aún no se observan en las calles ni en la realidad cotidiana de los transportistas, quienes se sienten vulnerables y desprotegidos.
La logística de la protesta ha sido detallada con precisión para maximizar la visibilidad del reclamo. La concentración de los manifestantes está programada para iniciar a las 7:00 a.m. en las inmediaciones de la plaza de Acho. Desde este punto neurálgico de la ciudad, los transportistas y trabajadores del sector iniciarán una marcha que tiene como destino final el Congreso de la República. El objetivo central de llegar al Parlamento es concretar una reunión con Óscar Reto, quien preside la Cámara de Diputados, para hacerle entrega de sus demandas y exigir legislaciones o medidas ejecutivas inmediatas.
Valeriano no ahorró críticas hacia la gestión de las autoridades nacionales, subrayando una brecha profunda entre el discurso oficial y la realidad operativa. Según el representante gremial, existe una "inacción del Gobierno" y una "desatención en materia de seguridad" que no solo afecta la integridad física y económica de los trabajadores del transporte, sino que también pone en riesgo a la ciudadanía en general, quienes utilizan estos servicios diariamente.
La advertencia del gremio ha sido clara y escalonada. El representante de Anitra dejó establecido que esta movilización es un primer paso. Si las autoridades nacionales ignoran sus exigencias o no presentan un plan concreto y ejecutable para garantizar la seguridad de los trabajadores del transporte público, el gremio no descartará endurecer sus medidas. En ese sentido, Valeriano advirtió que evaluarán la convocatoria a un paro total de actividades en los próximos días, lo que podría paralizar gran parte del flujo vehicular de la capital.
Para dimensionar la gravedad de la situación que motiva esta protesta, es necesario remitirse a los datos oficiales. De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Observatorio contra la Criminalidad del Ministerio Público, la situación en la capital y sus alrededores es crítica. Durante el primer semestre del presente año, se registraron un total de 167 atentados contra el transporte público en Lima Metropolitana y el Callao. Esta estadística refleja la magnitud de la violencia que enfrentan los choferes, quienes se han convertido en blancos constantes de las mafias dedicadas a la extorsión.
La movilización del 10 de noviembre representa, por tanto, un grito de auxilio de un sector económico vital para el funcionamiento de la ciudad, que se siente asfixiado por el crimen organizado y abandonado por el Estado. Los transportistas esperan que la presión social y la movilización hacia el Congreso obliguen al Gobierno a pasar de los anuncios a las acciones concretas para detener la ola de sangre y extorsiones que azota su rubro.
