La Asociación Nacional de Integración de Transportistas, conocida como Anitra, ha emitido una convocatoria formal para realizar una movilización el próximo martes 10 de noviembre. Esta medida de protesta surge como una respuesta directa y un rechazo contundente ante el incremento de la extorsión ejecutada por organizaciones del crimen organizado, así como ante los asesinatos de choferes que han afectado al sector en los últimos tiempos.
En declaraciones brindadas en una entrevista con RPP, Martín Valeriano, quien se desempeña como presidente de Anitra, detalló que la movilización contará con el respaldo y acatamiento de más de 50 empresas de transporte público que integran su gremio. Asimismo, el dirigente señaló que existe la expectativa de que otras empresas del sector se sumen a este acto de protesta, ampliando así el alcance de la movilización.
Uno de los puntos más críticos de la convocatoria es que, durante el desarrollo de la marcha, los servicios de transporte que estas empresas brindan al público estarán totalmente suspendidos. Esta medida implica que una parte considerable del transporte público no estará operativa durante la jornada del martes, afectando la movilidad urbana mientras los trabajadores manifiestan su malestar.
Durante su intervención, Martín Valeriano fue enfático al cuestionar la gestión de la seguridad por parte del Gobierno. El dirigente expresó que el martes saldrán a marchar debido a los acontecimientos recientes, subrayando que es imperativo que el Ejecutivo concrete acciones reales y efectivas. Valeriano criticó que, hasta el momento, no se han visto resultados tangibles, afirmando que de nada sirve que se tomen "muchas fotografías" en temas relacionados con la seguridad si estas no se traducen en hechos que protejan a los trabajadores.
El presidente de Anitra manifestó su esperanza de que los representantes del Ejecutivo atiendan el llamado de los transportistas para abordar la problemática actual. Según Valeriano, existe una evidente inacción y una desatención por parte del Gobierno en materia de seguridad. El dirigente subrayó que este descuido no afecta únicamente a quienes trabajan en el transporte público, sino que se extiende a la ciudadanía en general, reflejando un problema de seguridad pública más amplio.
En cuanto a la logística de la jornada, Valeriano informó que la concentración de los manifestantes comenzará a las 7:00 a. m. El punto de encuentro establecido es a la altura de la Plaza de Acho, desde donde se iniciará la movilización. El destino final de la marcha será el Congreso de la República, lugar donde los transportistas tienen previsto sostener una reunión con Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados.
La movilización no representa el límite de las acciones que el gremio está dispuesto a tomar. Martín Valeriano advirtió que, en caso de que las exigencias orientadas a garantizar la seguridad de los trabajadores del transporte público no sean cumplidas, su organización convocará a un paro general en los próximos días. Esta advertencia pone de manifiesto la urgencia que siente el sector y la disposición de escalar las medidas de fuerza si no se llega a un acuerdo satisfactorio.
El contexto que motiva esta protesta está respaldado por datos alarmantes. De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Observatorio contra la Criminalidad del Ministerio Público, la situación de violencia contra el sector es crítica. Durante el primer semestre del año en curso, se han registrado un total de 167 atentados contra el transporte público, concentrándose únicamente en las zonas de Lima Metropolitana y el Callao.
Estos números evidencian la magnitud de la amenaza que enfrentan los choferes y propietarios de vehículos, quienes se encuentran en la primera línea de exposición ante el crimen organizado. La frecuencia de estos ataques ha llevado a que Anitra y las empresas afiliadas consideren que la situación es insostenible sin una intervención estatal coordinada y efectiva que vaya más allá de los anuncios superficiales.
La movilización del 10 de noviembre busca, por tanto, transformar la indignación del gremio en un diálogo directo con las autoridades legislativas y ejecutivas, exigiendo que la seguridad deje de ser un tema de imagen y se convierta en una realidad operativa que salve vidas y detenga la extorsión en las calles de la capital y el Callao.
