El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, ha generado una fuerte controversia tras realizar una oferta de inversión pública en la comunidad de Turrúcares que, según el análisis de los hechos, constituye un condicionamiento de fondos del Estado a cambio de beneficios para una empresa privada. Durante un conversatorio organizado por Casa Presidencial el pasado 4 de noviembre, el jerarca ofreció a los habitantes de la zona una inversión cercana a los ¢6.000 millones, destinada a la construcción de centros de cuido, mejoras en rutas nacionales, la edificación de dos puentes y la creación de un colegio técnico.
Sin embargo, este anuncio no se presentó como una inversión social ordinaria, sino como una propuesta sujeta a una condición específica: que la Municipalidad de Alajuela retire, antes del 2 de diciembre, el proceso de lesividad interpuesto contra los permisos del relleno sanitario de la empresa EBI. Esta situación ha sido señalada como un chantaje con fondos públicos, ya que convierte derechos básicos y obligaciones del Estado —como la educación y la infraestructura vial— en moneda de cambio para favorecer los intereses de una entidad privada.
El desarrollo del evento en Turrúcares estuvo marcado por la tensión y la confrontación. Cuando el presidente del Concejo Municipal consultó a los asistentes sobre su postura respecto al relleno sanitario y la respuesta fue negativa, Rodrigo Chaves recurrió a la humillación y el insulto. El blanco principal de sus ataques fue la regidora Patricia Guillén, quien portaba una pancarta en contra del proyecto. El ministro solicitó que se callara a los opositores y, ante la negativa de Guillén, la tildó de "comunista" y le sugirió que tomara un "tecito de tilo", mientras personas cercanas intentaban arrebatarle la pancarta. El evento, descrito como un "circo ministerial", terminó abruptamente cuando Chaves dio por finalizada la sesión, advirtiendo que la oferta de obras seguía sobre la mesa, pero que el plazo de vencimiento era corto.
Desde el punto de vista institucional, la presión ejercida por el Ejecutivo choca con la autonomía municipal garantizada por la Constitución. Los certificados de uso de suelo de la empresa EBI, los cuales fueron declarados nulos por la Municipalidad y están bajo un proceso de lesividad, datan del año 2011. El ayuntamiento ha intentado revertir estos permisos en repetidas ocasiones y actualmente existe un proceso en estudio. Por lo tanto, corresponde exclusivamente al Concejo y a los tribunales decidir el destino de dichos permisos, y no a la presión financiera ejercida por el Gobierno Central.
La urgencia del Ejecutivo parece estar ligada a un conflicto internacional. Según declaraciones del propio Rodrigo Chaves, la empresa EBI reclama 154 millones de dólares en un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Además, el ministro señaló que solo la defensa del Estado costarricense en este proceso costaría unos 4 millones de dólares. Resulta llamativo que un ministro de Estado tome partido públicamente a favor de la empresa privada, calificando la gestión de la Municipalidad de Alajuela como "impericia" o "torta", y adelantando que el país perderá el arbitraje.
El caso adquiere un matiz más complejo tras revelarse la relación entre el Gobierno y Juan Carlos Obando, quien se presenta como asesor de EBI. Según datos revelados, Obando donó ¢5 millones al partido oficialista en agosto de 2025 y habría coordinado el transporte para la campaña de Laura Fernández. Obando posee un historial judicial relevante: en 2010 fue condenado a un año de prisión por otorgar una dádiva a un alcalde de Aserrí durante el trámite del relleno de El Huaso, sentencia que quedó firme en 2011. Asimismo, fue gerente de Relaciones Corporativas de Industrias Infinito, filial de la empresa que perdió el arbitraje de Crucitas contra el Estado.
Aunque EBI sostiene que Obando no forma parte de su planilla, el contexto plantea interrogantes sobre por qué el partido de gobierno aceptó fondos de una persona condenada por dar dádivas a un funcionario público y por qué un ministro actúa como promotor personal de una compañía privada. La situación pone de relieve la tensión entre el interés público y el interés privado, cuestionando la ética de utilizar obras públicas para presionar decisiones legales municipales.
