El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictaminado la anulación de una sanción impuesta a Adif y Renfe en relación con un incidente ocurrido en el verano de 2020, cuando operarios de ambas compañías procedieron a retirar dos vagones de un tren de mercancías descarrilado en la zona de Carballeda de Valdeorras, en Ourense. La maniobra, que consistió en arrojar los vehículos ferroviarios hacia la ladera que desemboca en el río Sil, provocó que uno de los vagones terminara cayendo directamente dentro del cauce fluvial.
Los hechos se remontan a agosto de 2020, cuando un tren de mercancías sufrió un descarrilamiento en la línea ferroviaria que conecta Monforte con Ponferrada. Según los datos disponibles, el convoy transportaba vagones vacíos. Durante las labores de recuperación, los equipos técnicos lograron encarrilar y retirar siete de los vagones a través de la propia vía ferroviaria. Otros dos fueron apartados de la zona de tránsito de forma segura. Sin embargo, surgieron complicaciones con los dos vagones restantes, los cuales no pudieron ser reencarrilados ni retirados mediante la maquinaria ferroviaria disponible en ese momento.
Ante la necesidad de reanudar la circulación en la línea lo antes posible, el gestor de la infraestructura razonó que la única opción viable era apartar dichos vagones hacia la ladera del río Sil. Esta decisión desencadenó una fuerte reacción negativa entre los vecinos de la zona y diversos colectivos ecologistas, especialmente debido a que el accidente ocurrió en un tramo próximo a la Ribeira Sacra, un entorno natural que se encuentra como candidata a ser incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Muchos de los residentes locales documentaron la maniobra mediante grabaciones de vídeo.
A raíz de este suceso, Adif abrió una investigación interna, mientras que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil procedió a imponer una sanción económica de 10.000 euros a Adif y Renfe. La administración justificó esta multa basándose en una infracción administrativa leve, argumentando que los operarios habían ocupado sin la autorización preceptiva el dominio público hidráulico y sus correspondientes zonas de servidumbre.
No obstante, ambas empresas recurrieron la decisión judicialmente. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acabado anulando la sanción, fundamentando su decisión en que el expediente administrativo había prescrito. La normativa establece que el plazo para resolver este tipo de expedientes es de un año desde que se inicia el proceso sancionador. En el caso analizado, quedó comprobado durante el juicio que la resolución final fue comunicada a las compañías un año y tres días después de su incoación, superando así el límite legal.
La sentencia, a la que ha tenido acceso El Periódico, estima que "la consecuencia de la caducidad de la acción para perseguir los hechos en ese expediente que ha superado el plazo legal o reglamentariamente establecido, es, necesariamente, la anulabilidad de la resolución sancionadora", ya que se dictó basándose en una acción administrativa que ya había caducado.
Por su parte, durante el desarrollo del procedimiento, tanto Renfe como Adif defendieron que la medida adoptada fue la única "aceptable" dada la gravedad de la situación. Las compañías argumentaron que se consideró el riesgo de que los vagones rodaran ladera abajo debido a la inclinación del talud y la posición de los vehículos, pero sostuvieron que cualquier otra alternativa habría supuesto un riesgo mayor para las personas, los bienes materiales y el propio dominio público hidráulico.
En sus alegaciones, Adif explicó que, aunque uno de los vagones quedó en el comienzo del talud, el otro rodó por el terreno rocoso hasta alcanzar las inmediaciones del cauce. Asimismo, recalcaron que los trabajos se realizaron con total transparencia, habiendo avisado previamente a todas las administraciones implicadas y contando con la presencia de agentes de la Guardia Civil y personal de la Confederación Hidrográfica. Finalmente, la defensa insistió en que, al tratarse de vagones vacíos y sin residuos, no se produjo ningún vertido ni se aumentó el riesgo de inundaciones o degradación de las aguas del río Sil.
