La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional ha formalizado una ampliación en el grupo de funcionarios públicos que podrán utilizar fondos del Estado para viajar en clase ejecutiva. Esta medida entrará en vigor a partir del año 2027 y beneficiará a una serie de cargos de alta jerarquía, incluyendo embajadores, gerentes de empresas públicas, superintendentes y administradores de instituciones descentralizadas.
Este cambio normativo se encuentra detallado en el artículo 302 de la Ley 563 de 2026, la cual establece el Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal de 2027. La norma fue sancionada por el presidente José Raúl Mulino el pasado 2 de noviembre y posteriormente publicada en la Gaceta Oficial número 30647. Para el próximo año, el presupuesto total del Estado asciende a una suma de $35,111 millones.
Para comprender la magnitud de esta modificación, es necesario contrastarla con la normativa vigente. Actualmente, la Ley 494 de 2025, que rige el presupuesto para el año 2026, mantiene un criterio mucho más restrictivo. Bajo la ley actual, la posibilidad de viajar en clase ejecutiva está reservada exclusivamente para el presidente y el vicepresidente de la República, ministros y viceministros, diputados, procuradores, magistrados de la Corte y del Tribunal Electoral, así como el contralor y el subcontralor. El resto de los funcionarios públicos deben, sin excepción alguna, viajar en clase económica.
Con la entrada en vigor de la nueva ley el 1 de enero de 2027, el círculo de beneficiarios se expande significativamente. Se estima que el beneficio alcanzará a decenas de cargos, considerando que el país cuenta con al menos 56 jefes de misión diplomática, cuatro superintendentes y los titulares de más de 50 empresas públicas e instituciones descentralizadas.
El análisis de los nuevos beneficiarios revela que estos cargos se encuentran entre los mejor remunerados del aparato estatal. Como ejemplo, el superintendente de Bancos percibe un ingreso mensual de $10,000, desglosados en $6,500 de salario y $3,500 en concepto de gastos de representación. En el ámbito diplomático, los datos revelan cifras considerables; el embajador en Japón, Walter Cohen —quien es hermano de la primera dama y cuñado del presidente Mulino—, recibe un salario de $1,500, $2,000 por gastos de representación y hasta $26,500 en viáticos contingentes. Adicionalmente, debido a su función como cónsul general en Tokio, percibe un incentivo mensual promedio de $11,862. Esta información fue proporcionada por el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, durante los interrogatorios de la Comisión de Presupuesto.
La norma establece que, para acceder a la clase ejecutiva, los vuelos deben tener una duración superior a tres horas. No obstante, existen excepciones a esta regla de tiempo: el presidente y vicepresidente de la República, así como los presidentes de la Asamblea Nacional y de la Corte, no están sujetos a la restricción de las tres horas.
En cuanto a los viáticos, el sistema varía según el cargo. Los diplomáticos destinados en el exterior no utilizan la tabla estándar de $400 a $600 diarios, sino que reciben "viáticos complementarios" fijados mediante decreto del Ejecutivo a través de la Cancillería, por lo que dichos montos no figuran en la ley de presupuesto. Para los demás funcionarios en misión oficial, los montos se mantienen según la norma actual: $600 diarios para viajes a Europa, Asia, África u Oceanía; $500 para Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil o Chile; y $400 para el resto de América Latina. Cabe destacar que el día del regreso a Panamá no se computa para el pago de viáticos.
El control de estos viajes implica que el funcionario debe presentar un informe de resultados en los 30 días posteriores a su retorno, enviando una copia a la Antai. Además, la mayoría de las instituciones deben solicitar autorización al Ministerio de la Presidencia con 15 días de antelación, aunque quedan exentos de este permiso los diputados, magistrados, la Contraloría, el Ministerio Público y la tripulación del avión presidencial.
Un dato relevante es que la ampliación de los viajes en clase ejecutiva no formaba parte del proyecto original presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Asamblea Nacional el 29 de julio, el cual mantenía la lista de 2026. La modificación fue introducida durante el primer debate en la Comisión de Presupuesto, aunque se desconoce quién fue el proponente de este cambio.
Durante las vistas presupuestarias, el diputado Luis Duke cuestionó al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, sobre los costos de las giras presidenciales, señalando que dicha entidad contemplaba $777,675 para viáticos en el exterior en 2027, mientras que el MEF recomendaba $461,713.
Finalmente, la Asamblea aprobó el presupuesto en tercer debate el 30 de octubre con 49 votos a favor y 18 en contra. Como parte del acuerdo, el Legislativo recibirá $23 millones adicionales a los $97 millones asignados inicialmente. Paralelamente, el artículo 370 de la ley generó críticas al permitir que diversas entidades realicen contrataciones de hasta un millón de dólares sin aplicar la Ley de Contrataciones Públicas.
