Las autoridades judiciales en Colombia avanzan en la investigación de una presunta red de favores sexuales a cambio de contratos estatales que involucra al expresidente Gustavo Petro. El centro de la controversia es la denuncia presentada por Deyci Jiménez, quien asegura que existió un esquema de instrumentalización de mujeres para obtener beneficios contractuales en diversas entidades del Estado.
Una de las pruebas más contundentes presentadas en el caso es un chat obtenido por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y posteriormente confirmado por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Según la evidencia, el 12 de diciembre de 2025, el entonces presidente Gustavo Petro envió a Rodríguez un archivo PDF con el nombre de Deyci Jiménez y la instrucción directa: “Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato de mininterior”. Ante este mensaje, Rodríguez respondió: “Perfecto, señor presidente”.
De acuerdo con los reportes, Jiménez contaba en ese momento con un contrato por 11 millones de pesos, firmado en agosto de 2025 y con vencimiento el 31 de diciembre. No obstante, tras la instrucción del mandatario, el 23 de enero de 2026 se materializó la firma de un nuevo contrato para Jiménez, cuyo valor ascendió a 30 millones de pesos. En entrevista con la revista Semana, Angie Rodríguez ratificó que dicha conversación es “1.000 por ciento real” y afirmó poseer otros chats donde el exmandatario daba instrucciones sobre otras funcionarias que formarían parte de la presunta red de mujeres.
En el ámbito judicial, la Fiscalía General de la Nación ha intensificado sus diligencias. Deyci Jiménez compareció recientemente en el búnker de la entidad, donde permaneció más de 15 horas mientras se realizaba la extracción forense de su teléfono celular para recuperar material probatorio. Jiménez manifestó a través de sus redes sociales que su denuncia no se limita a una relación personal con Petro, sino que busca exponer una red de la cual decidió no formar parte. La Fiscalía ha programado una nueva declaración de Jiménez para el próximo martes 10 de noviembre.
Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, aclaró que la Procuraduría no tiene competencia para investigar directamente la conducta del expresidente, función que recae exclusivamente en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Sin embargo, el Ministerio Público sí adelanta actuaciones disciplinarias contra otros funcionarios y contratistas implicados. Eljach confirmó que Jiménez ha sido citada a declarar el 9 de noviembre para precisar fechas, hechos y documentos que permitan establecer una verdad real.
La Corte Suprema de Justicia también ha intervenido en el caso. El magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, de la Sala de Instrucción, ordenó una inspección judicial en la Secretaría General del Senado para verificar los contratos que tuvo Deyci Jiménez durante su paso por el Congreso. Carlos Solórzano, presidente de la Sala de Casación Penal, enfatizó que, más allá de los aspectos íntimos, lo fundamental es determinar si hubo utilización de recursos públicos, señalando que los servidores públicos deben ser dignos tanto en lo público como en lo privado.
El caso ha generado fuertes reacciones políticas. La excandidata presidencial Paloma Valencia calificó los hechos como “cosificación, abuso y corrupción”, afirmando que se utilizó el poder público para reducir a mujeres jóvenes a objetos de placer. En contraposición, las mujeres de la bancada del Pacto Histórico emitieron un comunicado señalando que ninguna mujer que acuda a la justicia debe ser objeto de descalificaciones sobre su vida privada.
Juliana Guerrero, mencionada en el contexto de la controversia, rechazó cualquier vínculo con Deyci Jiménez y cuestionó que sus acercamientos políticos con Petro sean utilizados para hacer insinuaciones sobre su vida sexual. Asimismo, el congresista Iván Cepeda manifestó el rechazo del Pacto Histórico a cualquier forma de abuso de poder o corrupción, asegurando que el expresidente Petro está dispuesto a comparecer ante la justicia y responder con la verdad. Por último, la excongresista María José Pizarro negó haber participado en actos de corrupción y solicitó a la Corte Suprema ser escuchada en el proceso.
En otro hecho relacionado, el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá negó una acción de tutela presentada por Gabriela Muñoz Olaya contra Angie Rodríguez y Canal RCN. Muñoz reclamaba la protección de su buen nombre tras afirmaciones de Rodríguez sobre su gestión en la Aeronáutica Civil. La jueza María del Pilar Arango determinó que los servidores públicos están sometidos a control político y que las declaraciones no vulneraron los derechos fundamentales de la accionante.
