La Procuraduría General del Estado ha iniciado acciones legales contra 23 personas, entre ellas exautoridades y antiguos ejecutivos de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), debido a presuntas irregularidades detectadas en la gestión de tres plantas termoeléctricas clave para el sistema energético del país. Las instalaciones involucradas en este proceso son las termoeléctricas de Warnes, Entre Ríos y Del Sur, las cuales han acumulado una deuda considerable que compromete la estabilidad financiera de la empresa estatal.
El caso salió a la luz durante la presentación de tres denuncias penales interpuestas por la propia ENDE. Según el presidente ejecutivo de la compañía, Mario Larraín, la empresa arrastra actualmente una deuda total que oscila entre los 17.000 y 18.000 millones de bolivianos con el Banco Central de Bolivia (BCB). Si bien esta cifra global abarca diversos proyectos, una parte significativa se origina en las tres plantas ahora bajo investigación.
Hugo César León La Faye, procurador general del Estado, detalló que estas tres plantas fueron financiadas mediante créditos otorgados por el Banco Central de Bolivia por un monto total de 9.614 millones de bolivianos. De esa suma, la Procuraduría ha alertado que 8.307 millones de bolivianos permanecen impagos, lo que representa el 86% del capital desembolsado. En sus declaraciones, el procurador fue enfático al señalar que, a pesar del tiempo transcurrido, solo se ha logrado pagar al Banco Central el 14% de los créditos destinados a estos proyectos.
El núcleo de la denuncia radica en la falta de rigor técnico y económico previo a la ejecución de las obras. La Procuraduría cuestiona severamente que los proyectos termoeléctricos se hayan contratado sin contar con estudios técnicos y económicos suficientes que justificaran la magnitud de las inversiones realizadas. Esta omisión ha llevado a que ENDE presente las denuncias penales ante la Fiscalía, señalando a los 23 implicados por presunta conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Por su parte, Mario Larraín, el presidente ejecutivo de ENDE, sostuvo que las inversiones fueron sobredimensionadas, lo que ha generado un endeudamiento que afecta directamente las finanzas de la empresa. El ejecutivo aclaró que, aunque la investigación se centra en las tres termoeléctricas mencionadas, la deuda total de la empresa con el BCB es mucho mayor debido a la suma de otros proyectos ejecutados.
En el ámbito operativo, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, aportó una perspectiva distinta sobre el estado de las instalaciones. El ministro aclaró que las plantas de Warnes, Entre Ríos y Del Sur se encuentran operando actualmente y continuarán haciéndolo, ya que, dentro de la infraestructura disponible, son consideradas las más eficientes. Sin embargo, Blanco no evitó cuestionar la estrategia de haber ampliado la generación de electricidad basada en gas natural en un contexto donde la producción de dicho combustible está disminuyendo.
El ministro señaló además que la capacidad instalada de generación eléctrica en el país ya supera la demanda actual del Sistema Interconectado Nacional. Esta situación plantea una contradicción entre la inversión realizada y la necesidad real del mercado eléctrico interno. En cuanto a la gestión comercial, Blanco confirmó que Bolivia mantiene exportaciones de electricidad hacia Argentina, aunque precisó que estas se realizan bajo contratos interrumpibles. Asimismo, indicó que el Gobierno trabaja para asegurar el suministro de gas necesario para sostener la generación eléctrica.
Finalmente, es importante precisar que el saldo pendiente de 8.307 millones de bolivianos es, hasta el momento, una deuda acumulada y no un daño económico probado legalmente. Será responsabilidad de las investigaciones judiciales determinar si existió un perjuicio real al Estado boliviano y, en consecuencia, establecer las responsabilidades penales correspondientes para las personas denunciadas.
