Las elecciones de medio período en Estados Unidos han concluido con un resultado que redefine el equilibrio de poder en Washington. Lo que tradicionalmente se considera un referéndum sobre el partido que ocupa la Casa Blanca se ha transformado, en esta ocasión, en una "ola azul" que ha provocado un cataclismo para los republicanos. El impacto de estos resultados es el más severo para el partido GOP desde 2006, durante el segundo mandato de George W. Bush.
El electorado ha respondido contundentemente contra la praxis de la administración de Donald Trump y la anuencia de la mayoría republicana en el Congreso, que permitió el avance de su agenda. Este rechazo se ha materializado en victorias demócratas clave para el Senado, destacando los triunfos de James Talarico en Texas, Jon Ossoff en Georgia y Abdul El-Sayed en Michigan, además de contiendas muy ajustadas en estados como Iowa, Kansas y Carolina del Sur.
Diversos factores contribuyeron al elevado costo político del presidente y su partido. Entre ellos destacan la agresiva batalla arancelaria con socios comerciales, el inicio de una guerra contra Irán y el clima de temor generado en diversas comunidades debido a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estos elementos han configurado un nuevo escenario legislativo mientras comienza a gestarse la carrera presidencial de 2028.
Más allá del Congreso, los demócratas lograron victorias históricas en las gobernaciones. Gina Hinojosa en Texas y Xavier Becerra en California, ambos de origen hispano, se hicieron con el mando. Asimismo, Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera gobernadora de raza negra en el estado de Georgia, tradicionalmente republicano, mientras que Amy Acton ganó la gobernación de Ohio.
Un elemento decisivo en estos resultados fue el comportamiento del voto hispano. Según un sondeo del Pew Center de noviembre de 2025, el 68% de los votantes hispanos sentían que su situación había empeorado bajo las políticas de Trump. El 70% desaprobaba su gestión general y el 65% reprobaba su manejo de la migración. Esta tendencia se refleja en la caída del apoyo electoral: aquellos hispanos que votaron por Trump en 2024 descendieron del 93% al 57%.
Este malestar se intensificó en regiones como el sur de Texas y el sur de Florida. En Doral, un barrio de Miami con fuerte presencia de venezolanos y colombianos, los negocios locales como restaurantes y tiendas reportaron pérdidas de hasta el 70% debido a las redadas de ICE. De igual forma, en el Valle del Río Bravo en Texas, las detenciones de empleados de la construcción y familiares, sumadas al incremento del costo de la canasta básica, impulsaron el voto opositor.
Incluso la estrategia de "gerrymandering" —el rediseño de distritos para favorecer a un partido— no sirvió a los republicanos en esta ocasión, terminando por favorecer las posibilidades demócratas. Los demócratas, por su parte, implementaron un mensaje disciplinado centrado en la economía doméstica o "kitchen-table economics".
Aunque la política exterior no fue el motor principal del voto el 3 de noviembre, el nuevo Congreso que se instalará el 3 de enero tendrá herramientas de veeduría sobre la Casa Blanca, incluyendo el control de presupuestos, citaciones a funcionarios e investigaciones por irregularidades. Esto pone bajo la lupa las relaciones con América Latina.
En el caso de Venezuela, se prevé que los comités de Supervisión y de Relaciones Exteriores investiguen la falta de transparencia en los ingresos petroleros, la transición de poder hacia Delcy Rodríguez en lugar de respetar las elecciones ganadas por Edmundo González, y la salida de más de 100 millones de barriles de petróleo, valorados en 8 mil millones de dólares. También estaría en la mira la participación de Alejandro Betancur López en la venta del 35% de la empresa NABEP al Pentágono y el posible tránsito de fondos petroleros a través de cuentas en Qatar hacia el Tesoro estadounidense.
Otras investigaciones podrían centrarse en los bombardeos de botes en el Caribe y el presupuesto de ICE, que ronda los 100 mil millones de dólares. Además, el tanque de pensamiento WOLA ha señalado la posibilidad de investigar el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, mediante la cual 252 migrantes venezolanos fueron enviados a la CECOT en El Salvador, con un pago de 4,76 millones de dólares al gobierno de Nayib Bukele.
Finalmente, el Congreso podría buscar proteger a la sociedad civil en países como Cuba, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, Venezuela, Perú, Ecuador y El Salvador, frente a estrategias de seguridad militarizadas promovidas por aliados de Trump en la región. Aunque Donald Trump conserva el poder ejecutivo, la nueva mayoría demócrata ejercerá una fiscalización rigurosa que podría transformar la relación con los mandatarios latinoamericanos.
