La privatización del 90% de Aguas y Saneamiento Argentinos SA (AySA) ha quedado marcada por una serie de interrogantes en torno al principal integrante del consorcio ganador. El conglomerado, compuesto por Rowing S.A. (Grupo Román), la firma brasileña Arcos Saneamento e Participações S.A. y Transclor (de Mauricio Filiberti), incluye al fondo de inversión PHX, entidad que ha pasado a controlar el 55% de las acciones de la hasta entonces empresa estatal.
La opacidad sobre la composición de PHX ha generado preocupación, especialmente tras revelarse datos de la base de datos británica Companies House. Según estos registros, PHX Acqua Limited fue constituida el 18 de agosto, apenas un mes antes de presentarse en la puja por AySA. La información oficial indica que esta firma forma parte del grupo de inversores Phoenix Global Investment Fund B.V., con residencia en Curazao.
Un punto crítico es el domicilio social de PHX Acqua Limited, ubicado en 5 Lloyds Avenue, Londres. Esta dirección aparece vinculada en la base de datos de los Panama Papers a la firma neerlandesa Stichting Administration New World (STAK). En 2023, el medio holandés Follow the Money identificó más de 50 STAK en esa misma dirección. Estas estructuras legales son conocidas por ser utilizadas para ocultar activos y evitar el escrutinio público, permitiendo que solo se revelen los nombres de los directores mientras se mantienen ocultos los verdaderos accionistas y sus capitales.
En este contexto, la presidencia de PHX Acqua Limited recae en Willem Anton Smit, un consultor financiero holandés que figura como director en otras 27 firmas. Smit representa a AMICORP, una organización especializada en la creación de fideicomisos con presencia en Argentina, que ha sido cuestionada en diversos países de la región por ser un instrumento frecuente para la apertura de sociedades en paraísos fiscales. Desde AMICORP han respondido que cuentan con un departamento global de Compliance para gestionar la información de sus clientes.
La capacidad financiera de PHX también es motivo de análisis. Mientras que el consorcio ganador debe garantizar una inversión de 2.000 millones de dólares en los próximos cinco años para expandir AySA y mejorar el servicio, los datos británicos muestran que PHX Acqua Limited posee un balance inferior a 600.000 dólares y una facturación menor a un millón de dólares.
A nivel local, el 3 de septiembre se creó PHX Holding Argentina S.A., controlada totalmente por el Grupo Román. Esta entidad está presidida por Sebastián Pablo Repetto, colaborador cercano de Walter Román, y cuenta como socios a Carla Pia Casali y Luis Alberto Espósito, quien es gerente de Abastecimiento en Rowing SA. Ante la falta de obligación de comunicar los dueños del fondo por ser de colocación privada, han surgido especulaciones sobre la posible participación encubierta del Grupo Neuss, socio ya señalado previamente del Grupo Román en la licitación de la Hidrovía.
El historial de Phoenix Global también presenta antecedentes controversiales. En 2020, el fondo fue cuestionado por su hermetismo durante la compra de los activos de Cargill en Venezuela, operación aprobada por el gobierno de Nicolás Maduro. En aquel momento, críticos señalaron que el fondo de Curazao funcionó como una pantalla de confidencialidad para ocultar a los capitalistas reales en un entorno donde muchas industrias pasaban a manos de empresarios vinculados al gobierno venezolano mediante la Ley Antibloqueo.
Paralelamente, AySA enfrenta cuestionamientos internos. La Auditoría General de la Nación (AGN) emitió una opinión adversa sobre los estados financieros del préstamo BIRF 9252. El organismo detectó la falta de documentación e inversiones no registradas por más de 42.935 millones de pesos para 2025 (aproximadamente 30 millones de dólares), lo que resultó en una subvaluación de las inversiones del 66,57%.
Según el informe de la AGN, estos fondos fueron anticipados por la Tesorería General de la Nación (TGN) para obras y erogaciones, y debían ser reembolsados utilizando los recursos del préstamo. Sin embargo, al cierre del ejercicio 2025, el reembolso seguía pendiente y las inversiones no fueron incorporadas correctamente. El auditor advirtió que, dado que el programa ya ejecutó casi el 100% de los fondos externos, no habría forma de realizar dicho pago, situando en el centro de la controversia al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente de AySA, Alejo Maxit.
