Este jueves se llevó a cabo una audiencia judicial mediante modalidad telemática en la que participó la líder de oposición, González, quien se encuentra actualmente privada de su libertad. La diligencia fue realizada mientras la procesada permanecía conectada desde el centro de detención para mujeres de la ciudad de Riobamba, ubicada en la provincia de Chimborazo. González se encuentra recluida en dicho establecimiento desde el pasado 23 de octubre, fecha en la que fue detenida bajo la presunta comisión del delito de lavado de activos, en el marco de las investigaciones judiciales conocidas como el caso Laberinto.
Durante el desarrollo de su intervención en la audiencia, la dirigente política centró sus argumentos en desvirtuar los indicios que la Fiscalía ha utilizado para justificar su medida cautelar. De manera enfática, González rechazó que sus desplazamientos al exterior pudieran ser interpretados como una intención de abandonar el país para evadir la justicia. En su declaración, aseguró que, a pesar de haber enfrentado diversas amenazas y de haber sido víctima de un allanamiento en su domicilio particular ocurrido en enero del año pasado, siempre mantuvo la voluntad de regresar a territorio ecuatoriano.
En este mismo sentido, la procesada negó categóricamente haber solicitado asilo político o haber buscado refugio en embajadas o gobiernos extranjeros. Sostuvo que su decisión consciente fue permanecer en Ecuador con el objetivo de ejercer su derecho a la defensa y enfrentar los cargos en su contra. “Como inocente que soy y perseguida política iba a dar la pelea junto a mi pueblo”, manifestó González durante la sesión, subrayando su postura de inocencia frente a las acusaciones fiscales.
Uno de los puntos más controvertidos de la audiencia fue el análisis de los antecedentes migratorios de la dirigente. González cuestionó la utilización de estos registros para sustentar la necesidad de una prisión preventiva. Al respecto, la militante de la Revolución Ciudadana (RC) precisó que las 60 salidas del país que fueron mencionadas durante el proceso judicial no ocurrieron en un lapso corto, sino que corresponden a un período extendido de 18 años, desmintiendo así que se tratara de una frecuencia alarmante en un solo año.
Más allá de los argumentos legales, González expuso la dimensión humana y familiar de su situación actual. La dirigente resaltó las consecuencias que su detención ha tenido sobre su núcleo familiar, enfatizando su condición de madre soltera. «Soy madre soltera. Creo que eso ya les dice bastante», expresó, señalando que ella es la única responsable legal y afectiva de su hijo de 12 años, quien, debido a su reclusión, ha quedado bajo el cuidado de sus abuelos.
Por su parte, la estrategia legal fue conducida por el abogado Diego Guarderas. La defensa técnica argumentó que existe una irregularidad procesal fundamental, puesto que la orden de prisión preventiva que mantiene a González detenida fue emitida por un juez que, según el equipo legal, no poseía la competencia jurisdiccional necesaria para conocer y resolver el caso en cuestión.
El trasfondo de este proceso judicial se centra en las investigaciones que adelanta la Fiscalía sobre un presunto esquema de lavado de activos. De acuerdo con los entes investigativos, estos fondos estarían relacionados con el financiamiento de la campaña presidencial del año 2023, periodo en el cual González se postuló como candidata a la presidencia de la República.
La audiencia no estuvo exenta de incidentes, ya que se presentaron diversas interrupciones debido a que simpatizantes de la dirigente política, algunos de los cuales estaban conectados desde el extranjero, abrieron sus micrófonos para manifestar su respaldo público a la procesada. Ante este escenario, González aprovechó para enviar un mensaje a la militancia de su partido y a la ciudadanía ecuatoriana, instándolos a “no bajar la bandera y a seguir resistiendo porque esto se va a acabar y el pueblo ecuatoriano es el que va a vencer”.
Al finalizar la sesión, el magistrado a cargo decidió suspender la diligencia. La razón de esta decisión fue la constatación de que el expediente judicial no contenía la totalidad de la documentación necesaria para resolver el recurso presentado. El juzgador anunció que procederá a convocar a la reinstalación de la audiencia, aunque al cierre de la sesión no se fijó una fecha definitiva para el nuevo encuentro.
