Un informe detallado de la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto de manifiesto serias deficiencias en el control del patrimonio inmobiliario del Estado, detectando que un total de 611 inmuebles fiscales en la Región de Coquimbo presentan inconsistencias significativas en sus antecedentes de destinación y contabilización. Este hallazgo se enmarca en una alerta mayor sobre la gestión de los bienes raíces públicos a nivel nacional.
Los datos revelados forman parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°27, un documento técnico elaborado por el organismo contralor mediante un proceso de cruce de información entre el Ministerio de Bienes Nacionales y los registros de 109 organismos públicos centralizados. Este análisis exhaustivo permitió detectar que, en todo el país, existen 9.653 propiedades con diversas observaciones en sus antecedentes, lo que evidencia fallas críticas tanto en la asignación administrativa como en el registro contable de estos activos.
Específicamente en la Región de Coquimbo, el reporte de la CGR identifica dos situaciones problemáticas claramente diferenciadas. La primera categoría abarca 192 inmuebles que figuran contabilizados por diversas instituciones públicas, pero que carecen de una destinación vigente otorgada formalmente por el Ministerio de Bienes Nacionales. El valor estimado de estas propiedades alcanza la cifra de $15.722.543.455, lo que representa un monto considerable en activos cuya situación administrativa es irregular.
La segunda categoría comprende otros 419 inmuebles que, si bien cuentan con una destinación vigente que legitima su uso, no han sido incorporados en los registros contables de los organismos públicos que tienen asignada su administración. De esta manera, la región suma un total de 611 propiedades con observaciones, una situación que genera profundas interrogantes sobre la actualización de los antecedentes administrativos y financieros que el Estado utiliza para controlar sus terrenos e instalaciones.
Al analizar el desglose de los 192 inmuebles que están contabilizados pero sin destinación vigente, se observa que las inconsistencias afectan principalmente a instituciones ligadas a la seguridad pública, infraestructura, recursos hídricos y administración territorial. La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, lidera la lista con 57 propiedades observadas. Le siguen la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) con 38 inmuebles y Carabineros de Chile con 37.
Asimismo, el informe detalla que la Corporación Nacional Forestal (CONAF) presenta 33 propiedades con estas observaciones, mientras que la Dirección de Arquitectura del MOP registra seis y la Dirección General de Aguas (DGA) cuatro. Otros organismos con casos reportados incluyen a la Dirección General de Movilización Nacional (tres), Gendarmería de Chile (dos) y el hospital de Carabineros (uno). El listado se complementa con seis propiedades de la Policía de Investigaciones (PDI), una del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una del Servicio Médico Legal, dos de la Subsecretaría de Educación y una de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes.
Es fundamental precisar que el informe de la CGR hace una distinción técnica entre la falta de destinación vigente y la ausencia de contabilización. En el caso de los 192 inmuebles mencionados, no se trata necesariamente de propiedades que no estén siendo utilizadas, sino de bienes cuyos documentos de asignación no están actualizados en los registros de Bienes Nacionales, a pesar de que aparecen en la contabilidad de los servicios correspondientes. Por el contrario, los 419 inmuebles de la segunda categoría tienen su uso legalmente asignado, pero no figuran en los registros financieros de las instituciones.
Consultado sobre estos resultados y las medidas a implementar en la Región de Coquimbo, el Ministerio de Bienes Nacionales informó que aún no ha recibido formalmente los antecedentes del organismo contralor. No obstante, la entidad adelantó que durante el presente año han trabajado para asegurar que los bienes fiscales estén debidamente registrados y destinados conforme a la normativa legal vigente, prometiendo detallar próximamente las acciones realizadas.
Este escenario regional es el reflejo de una problemática nacional. Según la Contraloría, de los 9.653 inmuebles observados en Chile, 3.238 están registrados contablemente pero sin destinación vigente, con un valor superior a los $451 mil millones. A esto se suman 6.415 inmuebles con destinación vigente pero sin registro contable. La CGR advirtió que estas irregularidades afectan la integridad y confiabilidad de la información financiera del sector público y dificultan la gestión y fiscalización del patrimonio fiscal. A nivel nacional, los mayores montos sin destinación vigente se concentran en la Dirección de Obras Portuarias, la PDI y el Hospital de Carabineros, mientras que el mayor número de bienes sin registro contable pertenece a dependencias de los ministerios del Interior, Defensa Nacional y Obras Públicas. Ante esto, la Contraloría ha instruido a los servicios involucrados regularizar sus registros y fortalecer sus mecanismos de control.
