El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves su renuncia formal al cargo tras la profunda crisis política y financiera desencadenada por el colapso de Ueno Bank. La decisión se produce en un momento crítico, luego de que legisladores de la oposición y miembros de su propio partido impulsaran un juicio político para destituirlo de sus funciones.
A través de un mensaje de video difundido en sus redes sociales, el mandatario explicó que su salida busca priorizar la estabilidad del país. “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, expresó Peña. Asimismo, aseguró que su prioridad inmediata es garantizar la tranquilidad de los ciudadanos que depositaron sus ahorros en el sistema financiero y pidió disculpas al pueblo paraguayo si en algún momento falló en su gestión.
El centro de la tormenta es Ueno Bank, una entidad que pasó de ser percibida como una historia de éxito rotundo a convertirse en el detonante de una crisis institucional. A finales de 2023, la institución celebraba su transformación en banco, presumiendo de haber incorporado a 140.000 personas al sistema financiero y contando con más de 500.000 clientes. Para septiembre de 2026, la entidad aseguraba tener más de tres millones de clientes, lo que representaría casi la mitad de la población del país, procesando más de tres millones de transacciones diarias.
Sin embargo, la trayectoria ascendente terminó abruptamente este martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio de un procedimiento de disolución de Ueno Bank. El regulador determinó que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la ley. Este colapso reveló vínculos estrechos y cuestionables entre la presidencia, el organismo regulador y el grupo empresarial detrás del banco.
La crisis se agravó debido a las acusaciones de conflictos de intereses contra Santiago Peña y el entonces titular del BCP, Carlos Carvallo Spalding. La oposición denunció que Peña permitió el uso indebido de fondos de pensiones y encubrió irregularidades. El golpe final llegó el jueves por la mañana, cuando Horacio Cartes, expresidente y líder del Partido Colorado, anunció que el oficialismo respaldaría el juicio político contra Peña. Cartes afirmó que no estarían del lado del “latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”, instando a reencauzar la institucionalidad de la República.
Desde el punto de vista técnico, Orkun Saka, investigador de economía financiera de la City St George’s, University of London, señaló que el caso trasciende la mala gestión. Saka explicó que un solo conglomerado concentró los ahorros de la mayoría de los adultos del país y cientos de millones de dólares en fondos de pensiones. Además, advirtió que el BCP ya había alertado meses antes sobre préstamos excesivos concedidos por el banco a empresas vinculadas a sus propios dueños, mientras seguían ingresando fondos públicos.
La relación entre los actores es uno de los puntos más criticados. Peña fue accionista de Ueno Holding, aunque negó vínculos con el banco Ueno específicamente, alegando haber sido un inversor en Credi Centro años atrás. Por su parte, Carlos Carvallo Spalding había sido presidente de la Financiera Ueno antes de asumir la dirección del BCP en agosto de 2023, cargo que obtuvo apenas tres meses antes de que se aprobara la transformación de la financiera en banco.
El impacto financiero es considerable. Ueno Bank administraba aproximadamente 850 millones de dólares en fondos públicos, incluyendo recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) destinados a jubilaciones y pensiones. El senador Rafael Filizzola calificó el caso como “la estafa desde el poder político más grande de la era democrática”, sugiriendo que los montos involucrados podrían alcanzar los 3.000 millones de dólares.
En el ámbito judicial, la Fiscalía ha ordenado la captura de Federico Miguel Vázquez Villasanti, presidente del Grupo Vázquez y controlador mayoritario del banco, quien ya se puso a disposición de las autoridades. También fueron detenidos directivos de la entidad, entre ellos Juan Manuel Gustale, Julio Rey Fernández y Mariana Torres Rubiani, además de otros miembros del directorio y ejecutivos vinculados.
Mientras tanto, la incertidumbre reina entre los ahorristas. Aunque el Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 228,3 millones de guaraníes (unos 38.000 dólares) por persona, muchos clientes con depósitos superiores esperan respuestas sobre la recuperación de su dinero, mientras algunos han recurrido a protestas callejeras.
