El Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua experimentará una desaceleración significativa en 2026, con una proyección de crecimiento del 3.6%, cifra que se sitúa considerablemente por debajo del 4.9% registrado el año anterior. Así lo revela el más reciente Informe de Coyuntura Económica presentado el 4 de noviembre de 2026 por la Fundación Sin Límites, organización que advierte que, aunque la economía nicaragüense seguirá expandiéndose, lo hará con una lentitud creciente.
Esta tendencia a la baja queda corroborada por el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de agosto de 2026, publicado el 2 de noviembre por el Banco Central de Nicaragua (BCN). Los datos muestran que, tras diez meses consecutivos en los que el crecimiento del IMAE osciló entre el 5.6% y el 7.2%, se produjo un descenso extraordinario a partir de abril, fluctuando únicamente entre el 1.3% y el 3.3% durante el periodo comprendido entre abril y agosto.
El economista Juan Sebastián Chamorro, quien analizó el informe para la organización, señaló que el año 2026 está marcado por una desaceleración económica derivada de dos factores críticos: el impacto generado por el cierre de empresas en las zonas francas y los efectos adversos de la sequía provocada por el fenómeno climático de El Niño. Por su parte, el Banco Central de Nicaragua había mantenido en julio de 2026 una proyección de crecimiento situada en un rango de entre el 3.5% y el 4.5%.
Uno de los puntos más preocupantes destacados en el informe es la conexión directa entre el crecimiento económico y el comportamiento de las remesas. Si bien estas siguen aumentando, lo hacen a un ritmo mucho menor que en años previos. El experto en remesas, Manuel Orozco, calcula que para 2026 el crecimiento de estos flujos será de tan solo un 10%. Esta cifra contrasta drásticamente con el 50.2% registrado en 2022, el 44.5% de 2023 y el 17.6% inferido para 2025.
La moderación en el ingreso de remesas tiene un impacto inmediato en el consumo privado, definido como los gastos de las familias. La Fundación Sin Límites advierte que la incertidumbre en el entorno migratorio de Estados Unidos representa un riesgo a la baja, ya que una reducción en estos flujos disminuiría el ingreso disponible de los hogares, frenando así el consumo.
Esta situación se ve agravada por la precariedad en el mercado laboral. Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, el crecimiento de los afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) fue mínimo, con un aumento de solo 11,286 personas, lo que representa un incremento del 1.4%. El sector más afectado ha sido el manufacturero, que perdió 16,117 empleos en dicho periodo, una caída del 9.5%. Esta pérdida de empleos se atribuye a la disminución de la competitividad del sector debido a los mayores aranceles impuestos a Nicaragua por el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, lo que provocó que varias maquiladoras trasladaran su producción fuera del país.
En cuanto al poder adquisitivo, la brecha entre salarios y costo de vida se ha vuelto insostenible. Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), la canasta básica de julio superaba los 21,475 córdobas, mientras que el salario promedio vigente es de 9,314 córdobas. Esto significa que una familia requiere 2.3 salarios promedio para cubrir la canasta básica. Lea Bolt, directora ejecutiva de la Fundación Sin Límites, afirmó que los números indican que los nicaragüenses mantienen el mismo poder adquisitivo que tenían en 2018.
El informe también resalta una peligrosa dependencia del sector del oro. Aunque las exportaciones de este metal rompieron récords, sumando 1,994 millones de dólares hasta agosto de 2026 (superando los 1,971 millones de todo 2025), este sector genera muy poco empleo. En contraposición, la agricultura y la pesca muestran signos de recesión. Las exportaciones agropecuarias cayeron de 1,069.5 millones de dólares (enero-agosto 2025) a 907.3 millones en el mismo periodo de 2026. El sector pesquero también muestra caídas de dos dígitos por segundo año consecutivo.
Finalmente, el informe analiza el consumo público, el cual se mantiene bajo debido a decisiones políticas. Los informes del Ministerio de Hacienda muestran una subejecución presupuestaria, con una ejecución de apenas el 40.8% del presupuesto. A pesar de que los ingresos del Gobierno Central crecieron un 19.8% en el primer semestre, impulsados por el Impuesto sobre la Renta, los egresos solo crecieron un 8.2%. Esto generó un superávit presupuestario de C$40,061.2 millones, más de nueve veces lo previsto para el año. Según la Fundación, este incremento en la recaudación no es producto del crecimiento económico, sino de una fiscalización intensiva de la administración tributaria.
