Las detenciones masivas derivadas de las protestas prodemocráticas del 11 de julio de 2021 han trasladado el fenómeno del encarcelamiento político a miles de hogares en Cuba, transformando una disputa ideológica en una crisis humana tangible. Según un estudio realizado entre 2024 y 2025 por CubaData y la Universidad de San Martín de Porres, que contó con la participación de 1 685 cubanos, el 65% de los encuestados manifestó empatía hacia los presos políticos. Este dato sugiere que las estrategias del régimen para aislar socialmente a estos detenidos, calificándolos de “mercenarios” o “enemigos”, podrían estar perdiendo efectividad entre la población.
Sin embargo, la represión de 2021 es solo el episodio más reciente de una trayectoria prolongada. Se estima que, en los últimos 67 años, más de medio millón de personas han sido encarceladas en Cuba por motivos políticos. Esta expansión se refleja en la infraestructura penitenciaria: mientras que en 1958 el país contaba con unas diez prisiones principales, en la actualidad existen al menos 350 centros de detención y prisiones. A lo largo de este tiempo, los prisioneros han denunciado abusos sistemáticos, incluyendo palizas, asesinatos, hambre, denegación de atención médica y periodos prolongados de aislamiento, hechos que han sido documentados por mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales.
A pesar de las evidencias, el gobierno cubano mantiene una política de negación sistemática sobre la existencia de presos políticos. Esta postura no es nueva; ya el 1 de febrero de 1977, el entonces vicepresidente Carlos Rafael Rodríguez afirmó a la BBC que en Cuba no existían presos políticos, argumentando que quienes estaban encarcelados por ser “contrarrevolucionarios” no encajaban en esa categoría. Tras las protestas de julio de 2021, esta práctica se ha intensificado, con funcionarios insistiendo en que no hay torturas ni malos tratos, mientras que grupos afines al régimen en el exterior presentan a los detenidos como delincuentes o mercenarios.
Esta lógica de negación no es exclusiva de la isla. El texto identifica patrones similares en otras juntas y gobiernos autoritarios: la junta militar argentina negó las torturas y el paradero de los desaparecidos; en Venezuela, tras las elecciones de 2024, el fiscal general Tarek William Saab presentó a los detenidos como terroristas en lugar de presos políticos; y regímenes en Rusia e Irán han utilizado etiquetas como “presos de seguridad” o extremistas para encubrir la persecución política.
Este fenómeno se alinea con lo que el disidente checoslovaco Václav Havel describió como el “mundo de apariencias” del sistema comunista, donde la falsedad es integral y la represión se disfraza de legalidad. En Cuba, esta brecha entre la realidad y la verdad oficial quedó evidenciada en 1989, cuando Raúl Castro afirmó ante un público militar que lo fundamental era lo publicado en Granma, el periódico oficial, pues eso constituía el “concepto oficial”, independientemente de cualquier otra información.
La negación del encarcelamiento político cumple objetivos estratégicos: protege la legitimidad del sistema, oculta la resistencia interna, reduce los costos diplomáticos y blanquea la represión. El Gobierno revolucionario basó parte de su legitimidad en la condena a las torturas y represiones de la dictadura de Fulgencio Batista; admitir prácticas similares hoy pondría en evidencia una contradicción fundamental y dañaría la imagen humanitaria que Cuba proyecta internacionalmente.
No obstante, la resistencia ha persistido. Desde los “plantados” —presos que rechazaron la rehabilitación política a pesar de los castigos— hasta figuras contemporáneas como Félix y Saylí Navarro, quienes han resistido presiones para aceptar el exilio a cambio de su libertad, la represión no ha logrado extinguir la voluntad de disenso.
El escrutinio internacional ha limitado la capacidad de negación del régimen. Desde julio de 2021, el Parlamento Europeo ha aprobado al menos seis resoluciones sobre la represión en Cuba, condenando en junio de 2026 las torturas y solicitando sanciones contra los responsables. Asimismo, el Senado de Estados Unidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han examinado casos individuales, incrementando la presión diplomática.
Finalmente, el análisis advierte sobre el “blanqueamiento” de la represión, donde se mejoran las condiciones de detención al final de la condena para alterar la percepción pública. Se citan los casos del abogado chino Xie Yanyi y del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quienes recibieron tratos preferenciales justo antes de su liberación o exilio, lo que puede atenuar los signos visibles de los abusos previos. Esta práctica busca invisibilizar el sufrimiento y la naturaleza política del encierro, planteando una interrogante sobre cómo juzgará la historia a un sistema con casi siete décadas de represión política.
