La estabilidad política de Paraguay se encuentra en un momento de alta tensión tras la disolución por insolvencia financiera de Ueno Bank. Este colapso económico ha colocado al presidente Santiago Peña en una posición vulnerable, enfrentando ahora una ofensiva legislativa promovida por la oposición que busca someterlo a un juicio político en el Congreso Nacional, basándose en su presunta responsabilidad en la crisis financiera que atraviesa el país.
El detonante de esta crisis institucional fue la decisión tomada el pasado martes por el Banco Central del Paraguay (BCP), entidad que inició un procedimiento de resolución y cierre de Ueno Bank. Esta medida dejó a más de 2,94 millones de clientes sin acceso a sus fondos, provocando una reacción inmediata de indignación y desesperación entre los ahorristas. La intervención del BCP se produjo luego de que se detectara que el índice de solvencia de la institución bancaria había caído peligrosamente, situándose por debajo del 50 % del mínimo requerido por la normativa vigente.
La respuesta social no se ha hecho esperar. Durante dos noches consecutivas, centenares de personas se han concentrado en el centro de Asunción para manifestar su malestar. Las protestas, situadas en las adyacencias del Panteón Nacional de los Héroes —sitio emblemático donde usualmente se celebran las victorias deportivas del país—, han estado marcadas por la tensión y han derivado en diversas escaramuzas con los efectivos de la Policía Nacional.
En el ámbito legislativo, la crisis ha catalizado una acción coordinada entre diputados de la oposición y sectores disidentes del oficialismo. Este miércoles, los legisladores Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo presentaron formalmente los libelos acusatorios en la Cámara Baja. Esta acción tiene como objetivo activar el procedimiento de juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución de Paraguay. Para dar celeridad al proceso, los solicitantes han pedido la convocatoria a una sesión extraordinaria este jueves con el fin de discutir la validez de los documentos.
El libelo acusatorio cuenta actualmente con el respaldo de 35 firmas recogidas durante la jornada en el Congreso, incluyendo el apoyo de diputados pertenecientes a una facción disidente del Partido Colorado. De acuerdo con el marco constitucional, para que el proceso avance, se requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados. De cumplirse este requisito, la acusación pasaría al Senado, el cual actuaría como juez. En la Cámara Alta, sería necesaria una mayoría absoluta de dos tercios para declarar culpable al mandatario, lo que conllevaría su separación anticipada del cargo.
La gravedad de la situación interna ha tenido repercusiones internacionales, impidiendo que el presidente Santiago Peña asistiera a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, la cual comenzó este miércoles en Madrid, España.
En un intento por mitigar el malestar social, el mandatario promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Legislativo. Esta normativa busca agilizar la devolución de los recursos retenidos a los clientes de la institución intervenida, estableciendo un plazo mínimo de 24 horas para la entrega de los fondos. A través de su cuenta en la red social X, Peña explicó que la ley permitirá a los ahorristas cobrar una parte de los fondos de garantía en el menor tiempo posible.
Específicamente, la ley establece que cada depositante podrá recibir hasta 40 salarios mínimos mensuales, monto que equivale a 121,7 millones de guaraníes (aproximadamente 19.787 dólares). Este pago deberá efectuarse en un plazo de 24 horas y no podrá exceder los cinco días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la ley.
Sin embargo, estas medidas económicas no han sido suficientes para aplacar la ira ciudadana. Las manifestaciones en Asunción han trascendido el problema bancario para convertirse en una expresión de descontento generalizado contra la gestión de Peña. Los manifestantes han denunciado la deficiente prestación de los servicios sanitarios y de transporte público. Hamoudy Salem, artista conocido en el rap estilo libre como 'Mr. H', resumió el sentir de los presentes gritando que no hay medicamentos y que la impunidad persiste en todas partes.
Finalmente, el vínculo entre el presidente y Ueno Bank ha sido objeto de debate. Juan Manuel Gustale, presidente de la entidad y quien se encuentra actualmente detenido, ha afirmado que no existía un nexo directo entre el mandatario y la institución. No obstante, según informan medios locales, Santiago Peña poseía acciones en Ueno Holding, las cuales fueron vendidas en abril de 2025.
