El Ministerio Público ha presentado una imputación formal contra 27 personas vinculadas a Ueno Bank SA y diversas empresas relacionadas, en el marco de una investigación por graves irregularidades en la gestión financiera de la entidad. El principal imputado es Federico Miguel Vázquez Villasanti, quien se desempeña como vicepresidente 1° de Ueno Bank. Los demás encausados incluyen directivos del banco y personas ligadas a un esquema de empresas asociadas.
Para el caso específico de Miguel Vázquez, los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Yeimy Adle y Silvio Corbeta han solicitado la aplicación de la prisión preventiva. En cuanto a los otros siete directivos de la entidad bancaria que también fueron imputados, la Fiscalía solicitó el arresto domiciliario sujeto al monitoreo mediante tobillera electrónica. Para los 19 investigados restantes, el Ministerio Público ha pedido únicamente la aplicación de fianzas.
La causa ha sido radicada en el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos N° 2, bajo la responsabilidad del juez Rodrigo Estigarribia, quien llevará a cabo la audiencia de imposición de medidas este jueves 5 de noviembre a partir de las 7:30. Previamente, el juez penal de garantías Humberto Otazú, de turno en la Oficina de Atención Permanente, procedió al procesamiento de los 27 imputados.
Como parte de las medidas cautelares, los agentes fiscales solicitaron la aplicación de medidas de carácter real sobre los bienes de todos los imputados y de las empresas involucradas. Específicamente, se peticionó la inhibición general de vender y gravar bienes contra las 27 personas físicas y las firmas MOWI SA, Grupo Hendy SA, Grupo M SA, TUIU SA, FRANEDE SA, AIME SA, Corredores de Seguros y VINANZAS SA. Asimismo, se ha solicitado al Banco Central del Paraguay (BCP) la inmovilización preventiva de todas las cuentas bancarias registradas a nombre de los encausados en las entidades financieras de la plaza.
Según la imputación, Ueno Bank SA realizó actividades de intermediación financiera, captando recursos del público para luego otorgar préstamos. Sin embargo, entre los años 2025 y 2026, los integrantes del directorio habrían autorizado operaciones que comprometieron negativamente los activos del banco, los cuales estaban compuestos principalmente por fondos de terceros. Esta situación provocó que el índice de solvencia de la entidad cayera por debajo del 50% del mínimo requerido por la ley, lo que llevó al Directorio del BCP a disponer el inicio del Proceso de Resolución de la entidad el 2 de noviembre de 2026, mediante la Resolución Nº 1.
La Superintendencia de Bancos identificó que la disminución de la solvencia se debió a tres grupos de operaciones irregulares. El primero involucra a MOWI SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA. A pesar de que inicialmente eran clasificadas como empresas vinculadas, en octubre de 2025 solicitaron su desvinculación sin presentar la documentación respaldatoria. Esta desvinculación habría sido solo formal, pues entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, el banco otorgó créditos y sobregiros a estas firmas.
En el caso de MOWI SA, se otorgaron créditos por un total de G. 254.157.320.385, deuda que permanece pendiente. Se detectó que estos fondos fueron transferidos casi inmediatamente a cuentas de ITTI SAECA, REDISA y REDIPRO para reducir sobregiros o pagar cheques en otros bancos. Grupo Hendy SA recibió tres préstamos entre 2025 y 2026 por un total de G. 252.521.261.384, bajo condiciones que no se ajustaban al mercado y montos excesivos respecto a su capacidad. Los fondos fueron canalizados hacia REDIPRO SA e ITTI SAECA. Por su parte, el Grupo M SA recibió créditos por G. 237.105.585.238 sin garantías reales, con un nivel de endeudamiento que superaba en 11,85 veces sus ingresos del periodo.
El segundo grupo de irregularidades incluye operaciones con TUIU SA, FRANEDE SA y AIME Corredores de Seguros. Aunque no fueron identificadas inicialmente como vinculadas, el análisis técnico confirmó su relación, evidenciando un patrón de otorgamiento de créditos con deficiencias en los controles de riesgo. Un tercer grupo de operaciones similares fue detectado con las firmas Nuevo Mundo Entertainment SA, Nubicom SA, GSR EAS, Office Design SRL, Grupo Berilo SA y Galadriel SA.
Finalmente, la imputación destaca una operación sospechosa donde Ueno Bank transfirió su cartera de clientes a Vinanzas SA, otra empresa vinculada, por un valor de US$ 74.418.418,12. Para evadir la prohibición de ventas financiadas a vinculados, la operación se instrumentó como una venta al contado. No obstante, se advirtió que los fondos utilizados por Vinanzas SA para pagar la cartera provenían, a su vez, de financiamientos otorgados por el propio Ueno Bank SA.
