El escenario político en Israel atraviesa un momento de alta tensión tras la solicitud del director del servicio de seguridad interior, el Shin Bet, David Zini, quien ha pedido formalmente a la Fiscalía General la autorización para interrogar a cuatro figuras políticas árabes. La medida surge en el marco de una investigación por presunta injerencia en los comicios celebrados el pasado martes, un movimiento que ha desencadenado un fuerte choque entre los servicios de seguridad, el Ministerio Público y la oficina del primer ministro.
Entre los políticos señalados para el interrogatorio se encuentran Mansur Abbas, líder del partido Raam, y Sami Abu Shehadeh, presidente del partido Balad. Asimismo, la solicitud de Zini incluye a Ahmad Tibi y a un cuarto diputado perteneciente a la Lista Cojunta, cuya identidad ha sido mantenida en reserva y no ha sido hecha pública, según informó la cadena de televisión israelí i24.
Sin embargo, la fiscal general, Gali Baharav-Miara, ha rechazado la petición del jefe del Shin Bet. El argumento central de la fiscalía se basa en la ausencia de pruebas sólidas que justifiquen tales interrogatorios. En un comunicado difundido por el diario ‘The Times of Israel’, Baharav-Miara subrayó que, dentro de un Estado de derecho, resulta imposible proceder con el interrogatorio de ciudadanos o cargos electos si no existen evidencias que lo sustenten. En consecuencia, la fiscal general ha instado al Shin Bet a presentar todas las pruebas disponibles que puedan justificar la apertura de una investigación formal.
Esta negativa ha provocado una reacción inmediata y severa por parte del partido Likud, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu. El Gobierno ha acusado directamente a la fiscal general de obstaculizar las indagaciones sobre una presunta trama de injerencia extranjera en el proceso electoral, un caso que Netanyahu ya ha denominado públicamente como ‘Ra’amgate’. A través de sus redes sociales, el primer ministro afirmó que las revelaciones sobre el bloqueo de la fiscal son un "terremoto para la democracia israelí", asegurando que Baharav-Miara está actuando para encubrir y frustrar la investigación sobre la manipulación de las elecciones mediante una "aplicación selectiva de la ley".
El partido Likud ha endurecido su postura exigiendo que la fiscal general cese sus intentos de retrasar la investigación y deje de poner trabas al Shin Bet, permitiendo así el interrogatorio de los diputados de los partidos árabes y de sus asistentes. Para respaldar su postura, el Likud recordó las declaraciones iniciales del juez Noam Solberg, presidente del Comité Central de Elecciones, quien sugirió la posible intervención de actores extranjeros que habrían sobornado a votantes para favorecer a las formaciones árabes, aunque es importante señalar que el propio juez descartó posteriormente la tesis del fraude electoral.
Por su parte, la Lista Conjunta, encabezada por Ayman Odeh, ha respondido a estas acusaciones señalando la naturaleza del nombramiento de David Zini, recordando que el jefe del Shin Bet fue designado por el propio Netanyahu. Odeh ha acusado a Zini de actuar como un "brazo político al servicio" del primer ministro, denunciando que Netanyahu intenta deslegitimar a la población árabe tras un resultado electoral histórico en el que las dos formaciones árabes obtuvieron 19 escaños en la Knesset. Según Odeh, el Gobierno busca convertir el ejercicio democrático de miles de ciudadanos en una "amenaza para la seguridad".
La crisis ha escalado hasta atraer las críticas de los líderes de la oposición. Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, ha calificado las acciones de Netanyahu y el Likud como un "ataque contra la democracia y el Estado de derecho". Eisenkot atribuyó este comportamiento a la "desesperación" del primer ministro ante las dificultades para formar gobierno, a pesar de haber ganado los comicios con 27 escaños. Según Eisenkot, el país se enfrenta a una "peligrosa crisis constitucional" y sostuvo que el Likud no es apto para seguir en el poder.
Finalmente, el ex primer ministro Yair Lapid también se sumó a las denuncias, describiendo la situación como una "amenaza directa a la democracia" perpetrada por personas incapaces de reconocer su derrota. Lapid advirtió que se está intentando amañar las elecciones con la ayuda de "títeres del poder en el ámbito de la seguridad" y pidió a todas las instituciones del Estado mantenerse firmes. Asimismo, instó a las fuerzas políticas a dejar de lado sus diferencias para conformar un gobierno alternativo a Netanyahu lo antes posible.
