La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha hecho un llamado oficial a una jornada de paro nacional para el próximo 19 de noviembre. Esta medida de movilización surge como una respuesta directa de rechazo a la Ley de Rescate Económico, iniciativa presentada por el Gobierno de Abelardo de La Espriella, la cual ha generado fuertes controversias entre los sectores sindicales y las organizaciones sociales.
El anuncio fue formalizado por Fabio Arias Giraldo, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT. Arias Giraldo instó a los trabajadores y a diversas organizaciones sociales a sumarse a esta protesta, con el objetivo primordial de presionar al Ejecutivo para que retire o, en su defecto, modifique las disposiciones del proyecto de ley que la central sindical considera perjudiciales para la economía de los hogares colombianos.
Uno de los ejes centrales de la protesta es la preocupación por el impacto de los cambios tributarios propuestos. La CUT sostiene que la iniciativa gubernamental favorecería desproporcionadamente a los sectores de mayores ingresos, mientras que trasladaría la carga del ajuste fiscal a los trabajadores y ciudadanos comunes. Bajo la consigna “Hambre para el pueblo y más riqueza para los megarricos”, la organización sindical denuncia una distribución desigual de las cargas económicas en el país.
Entre los puntos más críticos señalados por la CUT se encuentra la propuesta de modificar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los alimentos. El proyecto de ley plantea la aplicación de una tarifa general del 19% a diversos productos de la canasta familiar que, en la actualidad, cuentan con una tarifa reducida del 5% o se encuentran exentos. Para el sindicato, este cambio representaría un encarecimiento significativo de los alimentos, aumentando la presión financiera sobre el presupuesto de las familias, especialmente aquellas con menores ingresos.
Asimismo, la central sindical ha expresado su rechazo a las modificaciones en la tributación de las rentas de trabajo. Según los reparos presentados, la Ley de Rescate Económico contempla la creación de nuevos tramos en el impuesto de renta para personas naturales, la reducción de algunas rentas exentas y la disminución de deducciones, lo que resultaría en mayores cargas impositivas para quienes perciben ingresos más altos.
En cuanto a la seguridad social, el proyecto de ley propone un ajuste progresivo en las cotizaciones de salud. Si bien se mantendría el aporte del 4% para los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos, la propuesta sugiere un incremento gradual para quienes superen dicho monto, llegando hasta un 8% para aquellos trabajadores que perciban entre 20 y 25 salarios mínimos.
Este escenario contrasta drásticamente con las medidas propuestas para el sector empresarial. La CUT cuestiona que, mientras se aumentan las obligaciones de los trabajadores, el proyecto contemple reducir la tarifa general del impuesto de renta empresarial del 35% al 31%. Adicionalmente, la iniciativa busca establecer beneficios tributarios para inversiones específicas y eliminar de manera progresiva el impuesto al patrimonio, lo que para la organización sindical representa un desequilibrio fiscal evidente.
Otro punto de alta tensión son las facultades extraordinarias que el Gobierno pretende obtener para reorganizar entidades estatales. La CUT advierte que estas atribuciones podrían abrir la puerta a la supresión, fusión o privatización de instituciones públicas. Fabio Arias Giraldo señaló que este proceso de reorganización podría poner en riesgo hasta 700.000 puestos de trabajo, basándose en una estimación planteada por el presidente de la CUT.
Finalmente, la central sindical critica la propuesta de reducir los aportes a las cajas de compensación familiar, los cuales pasarían del 4% al 3%. Según la CUT, esta reducción afectaría directamente los recursos destinados a los servicios y beneficios que reciben los trabajadores y sus familias.
La convocatoria al paro nacional se produce en un momento clave, mientras el proyecto de ley avanza en su discusión legislativa dentro del Congreso. Aunque el contenido de la norma aún está sujeto a modificaciones, la CUT mantiene su postura firme en la exigencia de un ajuste fiscal que no perjudique a la clase trabajadora.
