En una operación coordinada que comenzó a las tres de la madrugada, las fuerzas de seguridad procedieron al desalojo total de la acampada situada en la Puerta del Sol, en el centro de Madrid. El despliegue policial fue masivo, contando con la intervención de 220 agentes de la Policía Nacional y 189 agentes de la Policía Municipal, quienes se concentraron en el área del kilómetro cero para ejecutar la medida.
La intervención policial dio como resultado el desalojo de 334 personas que permanecían en el lugar hasta ese momento. Según los informes, la gran mayoría de los acampados eran personas sintecho que habían convertido el espacio en su refugio. El proceso de evacuación fue rápido, ya que en poco más de una hora las tiendas de campaña quedaron totalmente vacías, mientras los ocupantes recogían sus enseres personales y abandonaban la plaza.
En cuanto al balance de la operación, se ha informado de que no se produjeron incidentes mayores durante el proceso, aunque se registraron dos detenciones. Ambas personas fueron arrestadas bajo el cargo de resistencia a la autoridad durante el desarrollo del desalojo. Una vez despejada la zona, los operarios de la empresa SELUR iniciaron los trabajos de retirada de las tiendas y los objetos dejados atrás, procediendo además a realizar una limpieza exhaustiva y la desinfección completa de la zona afectada.
Este desalojo se produce en un contexto de alta tensión política. La medida llega inmediatamente después de la dimisión del delegado del Gobierno, quien se vio presionado tras recibir una amenaza de demanda millonaria por parte de un sector de empresarios, quienes denunciaban su inacción frente a la permanencia de la acampada en Sol. A esta presión económica se sumó la acción judicial de la presidenta Ayuso, quien ha denunciado al exdelegado por la vía penal.
Para comprender el origen de esta protesta, es necesario remontarse al pasado 26 de septiembre, fecha en la que comenzó la acampada. El motivo principal de la movilización era reclamar soluciones urgentes ante la crisis de la vivienda. El detonante específico fue el desahucio y el posterior fallecimiento de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había residido en alquiler en el mismo domicilio durante siete décadas, convirtiendo su caso en el símbolo de las reivindicaciones de los acampados.
Desde la Delegación del Gobierno en Madrid se ha defendido la legalidad y necesidad de la operación realizada este martes. A través de un comunicado, aseguraron que el desalojo representaba una medida de "último recurso". Según la administración, se siguió un "proceso de actuación gradual" antes de llegar a la intervención policial. El argumento oficial sostiene que la protesta había perdido su carácter reivindicativo inicial, derivando en situaciones que provocaban alteraciones del orden público.
Sin embargo, existe una versión contrastada sobre el desarrollo de los hechos. La cuenta oficial de la acampada en la Puerta del Sol, a través de una publicación en la red social Instagram, ha denunciado que el desalojo se llevó a cabo mediante una "intervención policial violenta". La organización afirma que la operación fue ejecutada por unidades antidisturbios bajo las órdenes directas de la delegación del Gobierno.
En su denuncia, los organizadores de la acampada sostienen que varias personas resultaron heridas durante la madrugada. Según el relato publicado en redes sociales, estas lesiones fueron consecuencia de golpes y del uso de gas pimienta por parte de los agentes desplegados en la plaza. Con este desalojo, se pone fin a la presencia física de la protesta en el corazón de la capital, aunque el conflicto político y social subyacente sobre el acceso a la vivienda persiste.
