El sistema judicial chileno enfrenta uno de sus retos más complejos en materia de género con la implementación de la Ley 21.523, conocida popularmente como "Ley Antonia". Esta normativa surge como respuesta a un trágico suceso ocurrido el 13 de octubre de 2019 en Temuco, cuando Antonia Barra, de 21 años, se quitó la vida. Según las investigaciones del Ministerio Público, la decisión de la joven estuvo directamente relacionada con una agresión sexual sufrida el 18 de septiembre de ese mismo año, perpetrada por Martín Pradenas. El agresor, quien tenía 28 años en aquel entonces, fue posteriormente sentenciado a 17 años de cárcel por la comisión de siete delitos sexuales.
En aquel periodo, el ordenamiento jurídico chileno presentaba un vacío legal crítico: ni el Código Penal ni ninguna ley especial tipificaban el suicidio derivado de la violencia de género. Ante esta situación, un grupo transversal de diputados impulsó el proyecto “Justicia para Antonia”, cuyo objetivo primordial era castigar penalmente a quienes cometieran agresiones sexuales que derivaran en el suicidio de la víctima. Tras un amplio respaldo legislativo, el Congreso despachó la Ley 21.523 el 31 de agosto de 2022.
El cuerpo legal de esta ley introdujo modificaciones sustanciales al sistema penal. Entre ellas destaca la creación del artículo 390 sexies, que tipifica el suicidio femicida; el artículo 393 bis, que ajusta las penas relacionadas con la inducción al suicidio; el artículo 94 bis, que extiende los plazos de prescripción de la acción penal para delitos de abuso sexual cometidos contra personas mayores de 10 años; y el artículo 372 ter, que regula la implementación de medidas de protección para las víctimas y sus núcleos familiares.
A pesar del avance normativo, la aplicación práctica de la ley ha revelado una complejidad técnica considerable. Expertos en derecho penal advierten que la mayor dificultad reside en acreditar ante un tribunal la existencia de un nexo causal directo entre los actos de violencia de género y la posterior decisión de la víctima de quitarse la vida. María Elena Santibáñez, abogada y profesora de derecho de la Universidad Católica y experta en delitos sexuales, señala que el delito es difícil de acreditar y ha generado debate doctrinario, especialmente en lo referente a la imputación subjetiva del autor y si el vínculo permite hipótesis culposas.
A casi cuatro años de que la normativa entrara en vigencia a finales de 2022, las cifras del Ministerio Público revelan que tres personas han sido condenadas específicamente por suicidio femicida bajo el artículo 390 sexies. Aunque la cifra es reducida, la Fiscalía destaca que estos casos habrían quedado sin responsables si no existiera la Ley Antonia. De estas condenas, una ocurrió el 8 de marzo de 2024, Día Internacional de la Mujer, en la comuna de La Florida. En este caso, una mujer de 33 años cayó desde un décimo piso; el fiscal Ricardo Jara determinó que existía un maltrato sostenido en el tiempo, respaldado por testimonios de vecinos, lo que llevó a la detención y prisión preventiva de su pareja.
Los otros dos casos sentenciados ocurrieron en 2023, en las ciudades de Copiapó y Caldera. En el primero, donde se comprobó violencia física, la condena fue de 5 años, mientras que en el segundo fue de 3 años. Los tres procesos judiciales comparten características comunes: los imputados fueron hombres, las víctimas mujeres, las parejas tenían un promedio de edad de 40 años y los casos se resolvieron mediante procedimientos abreviados.
En cuanto a la incidencia de denuncias relacionadas con la ley, el Ministerio Público reportó el ingreso de 25 denuncias en 2023, 25 en 2024, 26 en 2025 y 29 en lo que va de 2026. No obstante, la institución aclara que no todos estos ingresos corresponden estrictamente a suicidio femicida, ya que la ley abarca otras figuras penales. De las denuncias registradas este año, 17 cuentan con imputado conocido y 12 con imputado desconocido.
Desde una perspectiva social y jurídica, la abogada penalista Joanna Heskia sostiene que la Ley Antonia ha permitido una mejor comprensión del fenómeno de la violencia de género, visibilizando sus causas, mecanismos y consecuencias, así como el impacto del sistema de persecución penal. Por su parte, la Unidad de Género de la Fiscalía Nacional ha declarado que la investigación de estos delitos es prioritaria, considerando que el suicidio femicida es una de las manifestaciones más extremas de violencia. Para optimizar estas pesquisas, la Fiscalía confeccionó en 2023 un Manual para la investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, el cual instruye a policías y fiscales a realizar reconstrucciones detalladas de las últimas 24 horas de vida de la víctima y a analizar exhaustivamente sus redes sociales y comunicaciones finales.
