El Ministerio de Defensa ha emitido un informe detallado sobre la situación climática que atraviesa el país, revelando que la sequía ha generado un impacto significativo en diversas regiones del territorio nacional. Según los datos oficiales proporcionados por la institución, en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 29 de octubre, la escasez de precipitaciones ha afectado directamente a un total de 114.048 familias.
Este fenómeno climático no se ha distribuido de manera uniforme, sino que ha golpeado con especial dureza a 63 municipios distribuidos en seis departamentos. La magnitud de la crisis social se refleja en la cantidad de núcleos familiares que han visto comprometida su estabilidad debido a las condiciones ambientales adversas registradas durante estos casi cinco meses de sequía.
Al analizar la distribución geográfica de los daños, el reporte destaca que el departamento de Oruro es la entidad territorial más perjudicada. En esta región, se han contabilizado 17.554 familias damnificadas, posicionándola como el epicentro de la crisis hídrica actual. A Oruro le siguen en nivel de afectación el departamento de La Paz, donde 6.679 familias han resultado damnificadas, y el departamento de Chuquisaca, con un registro de 4.678 familias impactadas por la falta de lluvias.
Más allá del impacto humano y social, la sequía ha provocado daños severos en el sector productivo, específicamente en las áreas agropecuaria y ganadera, que son pilares fundamentales para la economía de los municipios afectados. En términos de agricultura, el Ministerio de Defensa informó que se ha producido la pérdida de más de 60.000 hectáreas de cultivos, lo que representa un golpe considerable a la seguridad alimentaria y a los ingresos de los productores locales.
De igual manera, la crisis ha tenido consecuencias devastadoras para la ganadería. El balance oficial indica la pérdida de 75.013 cabezas de ganado, una cifra que evidencia la gravedad de la situación en las zonas rurales, donde la falta de agua y pastizales ha diezmado el patrimonio pecuario de miles de familias.
Ante este escenario crítico, el Gobierno ha tomado medidas administrativas urgentes mediante la promulgación de un decreto que declara la emergencia nacional. Esta decisión legal se fundamenta en los riesgos climáticos asociados al fenómeno El Niño 2026-2027, el cual se identifica como la causa subyacente de las alteraciones meteorológicas que el país está enfrentando. El objetivo primordial de esta declaratoria es establecer un marco jurídico y operativo que permita fortalecer la prevención, optimizar la coordinación interinstitucional y ampliar la capacidad de respuesta del Estado frente a las contingencias.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, ha sido enfático al señalar que la declaratoria de emergencia no debe ser vista simplemente como un trámite administrativo. En sus declaraciones, el ministro subrayó la necesidad de que este instrumento legal se traduzca en acciones concretas en el terreno. “La emergencia nacional no debe quedarse en un decreto firmado. Tiene que convertirse en prevención, coordinación, recursos y ayuda efectiva”, sostuvo el titular de la cartera de Defensa.
La postura del ministro Justiniano refleja la urgencia de movilizar los recursos necesarios para mitigar los daños ya ocasionados y, sobre todo, para implementar estrategias que eviten que la cifra de familias y animales afectados continúe creciendo. La coordinación entre las diferentes instituciones del Estado es vista ahora como la pieza clave para que la ayuda llegue de manera oportuna a los 63 municipios que se encuentran bajo la presión de la sequía.
En resumen, la situación reportada por el Ministerio de Defensa pone de manifiesto la vulnerabilidad de los departamentos de Oruro, La Paz y Chuquisaca, así como la fragilidad del sector agropecuario frente a los riesgos climáticos del fenómeno El Niño. La implementación efectiva del decreto de emergencia nacional será determinante para determinar si la respuesta gubernamental logra contrarrestar los efectos de la pérdida de cultivos y ganado, brindando el soporte necesario a las más de 114 mil familias damnificadas.
