El gobierno de Estados Unidos estaría estudiando mecanismos para transformar los petroleros clandestinos, conocidos como la "flota fantasma", en embarcaciones legítimas. Esta medida surge en un contexto donde Moscú ha incrementado su dependencia de estos buques para evadir las sanciones occidentales y mantener el flujo de su petróleo hacia los mercados globales desde el inicio de la invasión a Ucrania.
La denominada flota fantasma opera mediante tácticas engañosas para evitar la detección y el control internacional. Entre las prácticas más comunes se encuentra el apagado de los transpondedores de localización, lo que permite ocultar el origen real de la carga y el destino final de los hidrocarburos. Según expertos, esta flota está compuesta mayoritariamente por buques envejecidos, que carecen de seguros internacionales y presentan un mantenimiento deficiente, lo que representa un riesgo constante para la seguridad marítima.
Elisabeth Braw, investigadora principal del laboratorio de ideas Atlantic Council, ha calificado a esta flota como una "plaga", subrayando que su operatividad no beneficia a ningún actor internacional. Braw sostiene que estos petroleros no solo socavan el orden marítimo establecido, sino que elevan significativamente la probabilidad de accidentes y desastres ambientales en los océanos. En este sentido, la investigadora ha instado a que todos los países ejerzan su influencia sobre Rusia para detener el uso de estas embarcaciones.
A pesar de que Estados Unidos y diversas naciones europeas habían intensificado la interceptación de buques que violan las sanciones, la administración de Donald Trump estaría considerando un cambio de rumbo. Según reportes, se evalúa levantar las sanciones sobre algunos de estos barcos para permitirles transportar petróleo que no esté sujeto a restricciones. Un funcionario estadounidense indicó a Reuters que el objetivo primordial de esta iniciativa es aliviar las tarifas globales de transporte marítimo, las cuales han alcanzado niveles récord.
Sin embargo, esta propuesta ha generado fuertes advertencias entre los analistas internacionales. Michael Carpenter, investigador principal de Asuntos Transatlánticos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), sostiene que suavizar las restricciones reduciría la eficacia de todo el régimen de sanciones. Carpenter afirma que una medida de este tipo representaría una recompensa para el agresor y proporcionaría a Moscú los ingresos necesarios para continuar con su ofensiva en Ucrania, contradiciendo los objetivos de quienes buscan poner fin al conflicto.
En una línea similar, Ben Harris, vicepresidente y director de Estudios Económicos de la Brookings Institution, advierte que eliminar las sanciones contra estos petroleros facilitaría considerablemente que Rusia venda su crudo a precios de mercado, eliminando las barreras económicas impuestas por Occidente.
Ante estas críticas, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha intentado matizar la postura del gobierno. Wright negó que se trate de un levantamiento de sanciones y afirmó que el proceso consiste en "convertir petroleros clandestinos en petroleros legítimos". Según sus declaraciones a Bloomberg, el plan es trasladar ciertos buques de la "flota de los malos" a la "flota de los buenos", asegurando que dichas embarcaciones ya no transporten petróleo sancionado.
Esta propuesta se enmarca en un acuerdo alcanzado en octubre de 2026 entre Donald Trump y Vladimir Putin, el cual permite la venta de diésel ruso en los mercados internacionales. Se interpreta que este pacto responde a la intención de Trump de reducir los precios internos de los combustibles en Estados Unidos antes de las elecciones intermedias programadas para el 3 de noviembre. Además, el mandatario estadounidense dejó sin efecto un paquete de sanciones aprobado recientemente por ley, el cual imponía aranceles a los principales compradores de gas y petróleo rusos.
La decisión ha provocado el malestar de Ucrania y sus aliados en Europa, quienes temen que se debilite la credibilidad de la presión económica sobre el Kremlin. Ante este escenario, Ben Harris sugiere que la responsabilidad de mantener el control recaerá ahora sobre los políticos europeos, quienes gestionan los seguros internacionales del transporte marítimo. Si la Unión Europea exige seguros legítimos y reconocidos, gran parte de la flota fantasma quedaría legalmente impedida de navegar.
Michael Carpenter coincide en que la Unión Europea deberá mantener sus propias restricciones, especialmente dado que la mayoría de estos buques transitan por el mar Báltico y el estrecho de Dinamarca, puntos estratégicos para la inspección. No obstante, advierte que Rusia ha amenazado con confiscar barcos europeos en represalia por la interceptación de sus buques. Sin el respaldo de Estados Unidos, los países de la UE podrían enfrentar mayores costos y riesgos operativos. Elisabeth Braw concluye que el impacto de las acciones de la UE, apoyada solo por socios como Canadá o Japón, sería significativamente menor que si Estados Unidos formara parte del equipo de sancionadores.
