La ciudad de Cúcuta, ubicada en el noreste de Colombia, se encuentra actualmente bajo un régimen de militarización ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella. Esta medida, implementada el pasado viernes, tiene como objetivo principal contener un escenario complejo de violencia que ha sido alimentado por diversos grupos armados ilegales que aprovechan la porosidad de la frontera con Venezuela para operar y expandir sus actividades criminales.
El despliegue operativo en las calles de la ciudad ha sido notable. Según informó el mayor general José Soto Sánchez, comandante del Ejército, a través de la red social X, se han movilizado soldados de fuerzas especiales urbanas equipados con armas largas. Estos efectivos militares están trabajando en conjunto con la policía nacional, estableciendo puestos de control de tránsito en puntos estratégicos de la urbe. De manera complementaria, la Fuerza Aérea ha iniciado trabajos de vigilancia aérea para monitorear los movimientos en la zona y fortalecer el cerco de seguridad.
La alcaldía de Cúcuta, mediante un comunicado oficial, confirmó que este despliegue no es estático, sino que será reforzado en los próximos días. Para tal fin, se ha anunciado la llegada de 324 militares y 150 policías adicionales, quienes se sumarán a las fuerzas ya presentes en el terreno para intentar estabilizar el orden público.
La decisión del presidente De la Espriella de ordenar la militarización inmediata y temporal responde a una serie de hechos violentos registrados durante la semana. El lunes, la ciudad fue conmocionada por el asesinato de Miguel Castellanos, quien se desempeñaba como exsecretario de Gobierno de Cúcuta. Castellanos fue atacado con arma de fuego mientras se encontraba en una estación de servicio; hasta el momento, las autoridades continúan investigando los responsables y el móvil del crimen.
Apenas veinticuatro horas después, la violencia escaló con un ataque explosivo. Al menos cuatro policías resultaron heridos tras la detonación de un artefacto cerca del puente internacional que conecta a Cúcuta con el municipio de Ureña, en territorio venezolano. Las autoridades sospechan que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerada la última guerrilla activa en el país, fue el autor del atentado, aunque el grupo armado no ha reivindicado la acción.
Cúcuta, como capital del departamento de Norte de Santander, posee una ubicación geográfica estratégica que la hace atractiva para las organizaciones criminales. El uso de múltiples pasos ilegales en la frontera con Venezuela facilita el tráfico de drogas, artículos de contrabando y la migración irregular. Además, la ciudad y su área metropolitana colindan con la región del Catatumbo, una zona rural marcada por confrontaciones constantes entre el ELN y facciones de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes no se integraron al proceso de paz de 2016.
Este conflicto entre el ELN y las disidencias se intensificó en enero de 2025, centrándose en el control de territorios estratégicos destinados al cultivo de hoja de coca, la materia prima esencial para la producción de cocaína. Esta guerra territorial ha dejado un saldo trágico de más de un centenar de muertos y el desplazamiento forzado de más de 56.000 personas, representando uno de los desplazamientos más masivos registrados en un solo evento en los últimos años.
Gerson Arias, analista de la Fundación Ideas para la Paz, ha señalado que la dinámica del conflicto rural del Catatumbo se ha trasladado recientemente hacia la zona urbana de Cúcuta. Arias explicó que ambos grupos ilegales están recurriendo a una estrategia de “tercerización criminal”, utilizando a cerca de 20 bandas delincuenciales que operan en el área metropolitana de la ciudad para llevar a cabo ataques entre sí.
En respuesta a esta crisis, el alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, solicitó el viernes que Venezuela sea incluida en el Escudo de las Américas. Esta alianza, liderada por Estados Unidos, tiene como fin combatir el narcotráfico de manera conjunta. Según Acevedo, esta integración es necesaria para fortalecer la colaboración internacional y evitar que las estructuras criminales utilicen el territorio venezolano como refugio seguro.
Por su parte, el presidente De la Espriella sostuvo que la militarización es fundamental para garantizar la soberanía y la seguridad en una zona fronteriza tan crítica. No obstante, el mandatario no hizo mención alguna sobre coordinaciones previas o actuales con el gobierno de Venezuela. Al respecto, el analista Gerson Arias mencionó que, tras la operación de Estados Unidos en enero que resultó en la deposición y captura de Nicolás Maduro para su judicialización, se esperaba un incremento en los controles fronterizos. Sin embargo, al no concretarse dichos controles, las bandas criminales de ambos lados de la frontera encontraron una oportunidad para asegurar la continuidad de sus negocios ilegales.
