Durante su conferencia matutina celebrada este viernes 30 de octubre en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó fuertes críticas contra Guadalupe Taddei, señalando que la funcionaria traicionó la confianza del pueblo en su calidad de presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). Estas declaraciones se dan en el marco de un escándalo relacionado con presuntas irregularidades y corrupción en la adjudicación de contratos para material electoral.
La Mandataria federal fue enfática al precisar que se trata de una "presunta corrupción", subrayando que los hechos deben demostrarse evidentemente. No obstante, Sheinbaum detalló que este problema no es reciente, sino que se remonta a una estructura de contratistas que, según sus palabras, han mantenido un monopolio en la contratación de material electoral en el país desde el año 2014, e incluso desde 1999 en el Estado de México. La presidenta recordó que existen antecedentes de escándalos con estos mismos contratistas en los años 1999 y 2005, y cuestionó cómo es posible que, a pesar de dichos precedentes, fueran reconocidos nuevamente como proveedores del INE y de los organismos electorales estatales en 2014.
En este sentido, Sheinbaum vinculó directamente el origen de estas prácticas con la gestión de Lorenzo Córdova, quien fue presidente del consejo del órgano electoral, y Alfredo Figueroa, exconsejero electoral. La presidenta señaló que Guadalupe Taddei llegó como consejera presidenta del Instituto Electoral de Sonora en 2014 bajo la administración de Córdova, sugiriendo que el esquema de contratación ya estaba establecido desde entonces.
La presidenta insistió en que Taddei, al ser nombrada al frente del INE, tenía la responsabilidad de evitar que se perpetuaran estos contratos, motivo por el cual consideró que hubo una traición a la confianza pública. Sin embargo, Sheinbaum aclaró que Taddei no es la única implicada, pues afirmó que prácticamente todas las Organizaciones Públicas Locales Electorales (OPLES) de los estados cayeron en la misma dinámica de contratación. De acuerdo con la mandataria, la responsabilidad recae también en quienes nombraron a los consejeros de las OPLES, señalando nuevamente a Lorenzo Córdova y su equipo.
Sobre el origen institucional de este poder, Sheinbaum explicó que, a partir de 2014, el Consejo General del INE asumió la facultad de nombrar a todos los consejeros electorales de los organismos estatales. Relacionó este hecho con la reforma electoral impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y el denominado "Pacto por México", el cual otorgó al INE capacidades exclusivas de fiscalización, lo que la presidenta describió como un poder concentrado que inició con la gestión de Córdova.
Ante este escenario, la presidenta propuso una alternativa para evitar la dependencia de contratistas externos: el fortalecimiento de Talleres Gráficos. Actualmente, este es un organismo descentralizado cuyo consejo de administración está integrado únicamente por la Secretaría de Gobernación. Sheinbaum planteó la necesidad de convertirlo en una imprenta con mayor capacidad de producción y con un consejo de administración abierto y transparente, donde participen representaciones de universidades para garantizar la honestidad en los procesos.
En cuanto al futuro del órgano electoral, Claudia Sheinbaum expresó que es necesario que una mujer llegue a la Presidencia del INE. Respecto a los llamados "superpoderes" otorgados a la institución, sugirió que los diputados y senadores evalúen si es pertinente realizar modificaciones a la ley para ajustar dichas facultades.
Finalmente, la mandataria envió un mensaje de tranquilidad sobre los próximos procesos democráticos, asegurando que la elección de 2027 está garantizada. Criticó a quienes sugieren que el proceso electoral está en duda, afirmando que "se morderán la lengua" al comprender que las irregularidades vienen de tiempo atrás. Sheinbaum concluyó que es imperativo transparentar todas las contrataciones y que el Congreso debe realizar una selección rigurosa para elegir a la nueva o el nuevo presidente del organismo, reiterando su postura de que el cargo debería ser ocupado por una mujer.
Cabe destacar que el contexto de estas declaraciones se suma a otras controversias que rodean a la exconsejera Taddei, incluyendo la solicitud de prisión preventiva interpuesta por el consejero del INE, Arturo Castillo, así como reportes sobre los sueldos de familiares de la exconsejera, los cuales representarían un costo cercano a los 12 millones de pesos anuales. Por su parte, Taddei ha declarado no poseer bienes inmuebles ni automóviles.
