La Unidad Nacional de Protección (UNP) notificó formalmente el pasado martes 27 de octubre de 2026 a Manuel Castañeda la decisión de retirar su esquema de seguridad. Esta medida es el resultado de una revisión técnica detallada sobre su nivel de riesgo, enmarcada en una política de optimización de recursos estatales liderada por el actual director de la entidad, Didier Fabián Blanco.
A partir de la notificación, Castañeda dispone de un plazo de 10 días calendario para realizar la entrega formal de los elementos del esquema o, en su defecto, presentar el recurso de apelación correspondiente. Aunque el documento no especifica si el afectado ya ha iniciado el proceso de impugnación, se ha observado que apelaciones similares presentadas recientemente contra retiros de seguridad han sido resueltas de manera negativa por la entidad.
El desmonte de este esquema de protección no es un caso aislado. Forma parte de una revisión general ordenada por el director Blanco, quien ha instruido la actualización de los estudios de riesgo de diversas figuras públicas. El objetivo de la UNP es evitar que recursos del Estado, como vehículos blindados, armas y escoltas, sigan asignados a personas que ya no enfrentan las amenazas que justificaron la asignación original de estas medidas de seguridad.
Manuel Antonio Castañeda Bernal es ampliamente conocido en los registros judiciales como el “narcochofer”. Su caso cobró relevancia pública en diciembre de 2022, cuando fue capturado en el departamento del Cauca mientras transportaba cocaína. El hecho generó una fuerte conmoción debido a que el cargamento era trasladado en una camioneta vinculada a un dispositivo de protección de la UNP, lo que desencadenó investigaciones profundas sobre el uso indebido de vehículos oficiales para facilitar operaciones de narcotráfico.
Actualmente, Castañeda se encuentra bajo un principio de oportunidad otorgado por la Fiscalía General de la Nación, un beneficio legal que le permite colaborar con la justicia a cambio de beneficios procesales. Según reportes de El Colombiano, el hombre colabora activamente en al menos cinco líneas de investigación relacionadas con crímenes y actos de corrupción. No obstante, fuentes bajo reserva han señalado que, dada su condición de colaborador y sujeto procesal de la Fiscalía, la protección debería ser gestionada directamente por dicho ente y no a través de los esquemas operativos de la UNP.
Entre las investigaciones impulsadas por las declaraciones de Castañeda se encuentran presuntas redes criminales que utilizaban la infraestructura de protección oficial para movilizar estupefacientes. Una de las líneas apunta a Wilson Devia, dirigente sindical de la UNP, quien es investigado por presuntas irregularidades en la asignación de esquemas de seguridad. Asimismo, las pesquisas alcanzan a Luis Carlos Vélez Romero, alias El Mono, antiguo facilitador de paz, quien también es investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Otro punto crítico de su colaboración es la evasión de Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, antiguo cabecilla de la organización criminal La Cordillera. Alias Matamba escapó de la cárcel La Picota en Bogotá el 18 de marzo de 2022, presuntamente con la complicidad de funcionarios penitenciarios, antes de morir dos meses después en un operativo policial. Las autoridades buscan determinar la conexión entre organizaciones criminales y funcionarios públicos que facilitaron dicha fuga.
A pesar de su colaboración, la situación de Castañeda ha sido cuestionada por abogados defensores de otras personas investigadas. El abogado Holman Devia, representante de Omar Hernández, ha puesto en duda la legitimidad del beneficio concedido, cuestionando en declaraciones a Blu Radio si se trata de un principio de oportunidad o de una "licencia para delinquir". Devia solicitó que se esclarezca si Castañeda informó a la Fiscalía sobre una reunión sostenida en el Country Club de Bogotá con personas vinculadas al narcotráfico y si contaba con autorización para mantener tales contactos.
Además, la defensa mencionó la existencia de grabaciones de una reunión ocurrida el 18 de julio de 2025 en la Dirección Nacional de Inteligencia. En dicho encuentro, Castañeda habría discutido temas relacionados con alias Falcón, alias Fortuna, activos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y posibles acuerdos con funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro. El abogado Devia cuestionó por qué, a pesar de estos hechos, el principio de oportunidad fue prorrogado por un año más en agosto de 2026.
A pesar de estas controversias y del retiro del esquema de la UNP, un juez de control de garantías ya autorizó que Manuel Castañeda continúe colaborando en las cinco líneas de investigación abiertas, incluyendo el transporte de estupefacientes en vehículos oficiales y la fuga de alias Matamba.
