Un jurado federal de los Estados Unidos ha dictado una sentencia condenatoria contra una ciudadana estadounidense, identificada como Halima Salman, tras considerarse probado que viajó a Siria con el objetivo explícito de recibir entrenamiento militar por parte de la organización terrorista Estado Islámico. La resolución judicial llega después de que se demostrara que la mujer se trasladó a las zonas controladas por los yihadistas en territorio sirio, integrándose en un entorno dominado por la insurgencia armada.
De acuerdo con los hechos probados y la información proporcionada por el Departamento de Justicia, el traslado de Salman no fue un acto aislado. La mujer se desplazó junto a sus padres y sus ocho hermanos hacia las regiones controladas por los yihadistas. Este movimiento se produjo en el contexto posterior a la ofensiva relámpago llevada a cabo por Estado Islámico en el verano de 2014, periodo durante el cual la organización logró tomar el control de extensas porciones de territorio tanto en Irak como en Siria.
El Departamento de Justicia ha detallado en un comunicado oficial que Halima Salman realizó su viaje a Siria entre finales de 2016 y principios de 2017. En aquel momento, la mujer tenía 18 años de edad. Una vez establecida en la zona, Salman contrajo matrimonio con un yihadista, paso que precedió su formación militar. La justicia ha confirmado que la condenada recibió entrenamiento especializado por parte del grupo terrorista, llegando incluso a obtener la autorización formal para portar armas y municiones dentro de la estructura de la organización.
La prueba fundamental que permitió alcanzar este veredicto fue la recuperación de evidencia digital. Durante las operaciones en el campo de batalla, fue localizado un teléfono móvil perteneciente al esposo de Salman. En el dispositivo se encontró una copia de un documento oficial que certificaba que la mujer había completado y recibido el entrenamiento militar impartido por Estado Islámico.
Además del documento de certificación, el teléfono móvil contenía material gráfico que vinculaba directamente a la acusada con la organización. Entre los archivos recuperados se encontraban fotografías en las que se veía a Halima Salman posando junto a una bandera de Estado Islámico, así como un vídeo en el cual la mujer aparecía sosteniendo un fusil de asalto, lo que corroboró su implicación activa en el adiestramiento armado.
Ante la condena, el fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John Eisenberg, ha emitido declaraciones contundentes sobre la naturaleza de la organización con la que Salman se alió. Eisenberg ha subrayado que las atrocidades cometidas por Estado Islámico, que incluyen la ejecución masiva de personas, la práctica de la esclavitud sexual y el terrorismo sistemático contra poblaciones civiles, representan algunos de los crímenes más graves de la era contemporánea.
En este sentido, el fiscal ha sido tajante al afirmar que no existe justificación alguna que valide el hecho de aliarse con una organización responsable de tal nivel de sufrimiento humano, ni mucho menos el hecho de recibir entrenamiento militar bajo sus órdenes. Para el Departamento de Justicia, la acción de Salman supone un apoyo directo a una estructura criminal y terrorista.
El representante del gobierno estadounidense ha enfatizado que este veredicto no es solo una sentencia individual, sino que envía un mensaje claro a cualquier persona que considere apoyar a lo que ha denominado una "secta de la muerte". Según Eisenberg, quienes brinden apoyo a este grupo serán localizados y procesados por la justicia, independientemente de dónde se encuentren o de las circunstancias.
El caso ha sido el resultado de una exhaustiva investigación liderada por la oficina del FBI en Nueva York, que permitió rastrear los movimientos de la acusada y recopilar las pruebas necesarias para presentar el caso ante el jurado federal.
Tras la lectura del veredicto, Halima Salman se encuentra ahora a la espera de que el juez anuncie la sentencia definitiva. Según los términos legales del cargo por el que ha sido condenada, la mujer se expone a una pena de prisión que podría alcanzar los diez años de cárcel.
