El Gobierno de Francia llevó a cabo una serie de gestiones discretas para preparar la suspensión temporal del acceso a diversas redes sociales durante las movilizaciones ciudadanas programadas para los días 24 y 25 de octubre. Aunque la medida fue coordinada con los principales operadores de telecomunicaciones del país, la restricción finalmente no se ejecutó, según ha revelado el medio de comunicación francés Blast.
La iniciativa surgió a través de una comunicación formal enviada el pasado 22 de octubre por el primer ministro, Sébastien Lecornu. En dicha misiva, el jefe del Ejecutivo se dirigió a los directivos de las cuatro compañías de telecomunicaciones más importantes de Francia: Orange, Bouygues Telecom, Iliad (operadora de Free) y Altice France (SFR). El objetivo central de la carta era solicitar que estas empresas anticiparan todas las operaciones técnicas necesarias para bloquear el acceso a plataformas digitales específicas en caso de que el Gobierno emitiera la orden definitiva.
Entre las redes sociales que estaban en la mira de la administración francesa se encontraban Snapchat, TikTok, Instagram y X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter. Según el reporte de Blast, el Gobierno planteaba que esta suspensión podría activarse si se producían nuevos episodios de violencia urbana durante las manifestaciones. El documento describía la iniciativa como una medida de carácter "exploratorio", subrayando que la decisión final de implementar el bloqueo dependería estrictamente del contexto operativo en el momento de las protestas.
La justificación oficial para este pedido radicaba en los sucesos ocurridos durante las jornadas del 17 y 18 de octubre. En esas fechas, se registraron disturbios y saqueos significativos durante las manifestaciones, lo que llevó a la oficina del primer ministro a analizar el papel de las herramientas digitales en dichos eventos. Según la postura gubernamental, algunas redes sociales habrían sido utilizadas para facilitar la difusión de consignas ilícitas y, más críticamente, para coordinar acciones violentas. El Gobierno sostenía que estas plataformas permitieron la organización de saqueos y el intercambio rápido de información sobre objetivos estratégicos y los desplazamientos de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, la solicitud del Estado no fue recibida con total conformidad por parte del sector privado. Durante las reuniones mantenidas con los funcionarios gubernamentales, las compañías de telecomunicaciones manifestaron diversas dudas y reparos técnicos y legales. Los directivos de las operadoras cuestionaron el alcance nacional que tendría un bloqueo de este tipo, señalando que una medida generalizada podría afectar a millones de ciudadanos que no participaban en los disturbios.
Además, las empresas advirtieron sobre la eficacia técnica de la medida, mencionando la posibilidad de que los usuarios eludieran el bloqueo mediante diversas herramientas tecnológicas. Otro punto crítico fue la proporcionalidad de la acción; las operadoras argumentaron que no se habían presentado pruebas suficientes de que se hubieran agotado otras alternativas menos restrictivas antes de recurrir a la suspensión total de servicios de comunicación.
El conflicto también se trasladó al terreno administrativo y legal. Las operadoras exigieron que cualquier instrucción de bloqueo estuviera debidamente firmada, motivada y publicada oficialmente para garantizar la transparencia y la legalidad del proceso. En particular, la compañía Orange planteó la necesidad imperativa de contar con una orden ministerial formal. Por su parte, el Gobierno consideraba que bastaba con el envío de instrucciones individuales a cada una de las compañías involucradas para proceder con la restricución.
A pesar de estas preparaciones y del debate generado entre el Estado y las operadoras, la suspensión de las redes sociales no se puso en marcha durante las movilizaciones del 24 y 25 de octubre. Las jornadas de protesta concluyeron sin que se activaran los protocolos de bloqueo técnicos. Sobre la magnitud de estas manifestaciones, existen discrepancias en las cifras oficiales y sindicales: mientras que el Ministerio del Interior calculó la participación de unas 400.000 personas, el sindicato CGT estimó que la asistencia fue considerablemente mayor, alcanzando las 800.000 personas.
