En una operación coordinada que impacta las estructuras financieras de los grupos armados en el oriente colombiano, la fuerza pública logró la ubicación y posterior destrucción de un complejo destinado al procesamiento de cocaína en el departamento de Norte de Santander. El laboratorio, situado específicamente en la vereda San Roque del municipio de Sardinata, ha sido atribuido al frente Juan Fernando Porras Martínez del Ejército de Liberación Nacional (Eln).
De acuerdo con los reportes oficiales, este hallazgo representa uno de los golpes más contundentes registrados en los últimos tiempos contra las economías ilegales de este grupo armado en la región del Catatumbo. La importancia de la operación radica no solo en la infraestructura eliminada, sino en la revelación de la sofisticada red logística que el grupo utilizaba para mover los estupefacientes desde el interior del país hacia mercados internacionales.
Uno de los puntos más destacados del balance entregado por la inteligencia militar es la detallada ruta de exportación que seguía la droga. Según las investigaciones, el clorhidrato de cocaína producido en Sardinata era transportado hacia las costas de La Guajira. Desde allí, el cargamento era embarcado en lanchas rápidas, conocidas técnicamente como "go fast", para iniciar un trayecto marítimo internacional.
La ruta trazada por las redes del narcotráfico no era directa, sino que incluía escalas estratégicas en República Dominicana y Costa Rica. Estas paradas intermedias tenían como objetivo final llegar al estado de Florida, en Estados Unidos. Las autoridades señalaron que el uso de estas embarcaciones veloces y la implementación de escalas permiten a las organizaciones criminales distribuir los riesgos operativos, dificultando significativamente el rastreo de los cargamentos por parte de los organismos de control.
La ejecución de esta operación fue el resultado del trabajo conjunto entre el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) del Ejército Nacional, quien contó con el apoyo fundamental de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. El complejo interceptado constaba de dos edificaciones diseñadas para la producción industrial, con una capacidad estimada de procesamiento de hasta cuatro toneladas de cocaína al mes.
Tras el aseguramiento del área, las tropas procedieron a la destrucción controlada de la infraestructura. Durante el operativo, se logró la incautación de 1.149 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 151 kilogramos de pasta base de coca. Además, el inventario de insumos químicos fue considerable: se hallaron 701 kilogramos de insumos sólidos, 1.420 galones de acetona y 2.025 galones de otros insumos líquidos esenciales para el refinamiento de la droga.
El equipo técnico encontrado en el sitio evidenció el nivel de especialización del laboratorio. En las edificaciones se hallaron seis extractores de aire, dos equipos de destilación denominados "marcianos", dos calentadores industriales conocidos como "dragones" y tres extractores de líquidos llamados "hamacas". Según el Ejército, estas herramientas eran piezas clave en el proceso de fabricación, permitiendo la transformación química desde la pasta base hasta la obtención del producto final.
En términos económicos y de salud pública, el Ejército calcula que el material incautado equivale a aproximadamente 1.149.000 dosis de droga que no llegarán a su destino. Asimismo, se estima que la destrucción del complejo y la pérdida de los insumos afectaron las finanzas del Eln en una suma aproximada de 1.067 millones de pesos colombianos. Este resultado busca debilitar la capacidad logística y las fuentes de financiación de la estructura armada en Norte de Santander, zona donde el narcotráfico es el motor principal de las economías ilegales.
Finalmente, el caso ha pasado a manos de la justicia. Los hechos están siendo objeto de una investigación y proceso de judicialización liderado por el CTI de la Fiscalía, en coordinación directa con la DEA en Colombia y su oficina ubicada en Tampa, Florida. Debido a que Estados Unidos fue señalado como el destino final de los estupefacientes, es probable que las pesquisas se amplíen en territorio estadounidense para desmantelar los nodos de recepción de la droga.
