El Gobierno español se encuentra en una carrera contra el reloj. El Tribunal Supremo ha lanzado un ultimátum que ha obligado al Ministerio de Asuntos Exteriores a movilizar a toda su red consular de manera extraordinaria.
El objetivo es identificar a 163.020 españoles nacionalizados que han visto suspendido cautelarmente su derecho al voto para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Para cumplir con el plazo, el ministro José Manuel Albares ha ordenado la suspensión de permisos y vacaciones del personal consular, además de instruir el trabajo durante este sábado y domingo.
La urgencia es máxima. El Ministerio ha autorizado refuerzos extraordinarios y ha puesto a disposición de los consulados a los trabajadores de las embajadas para acelerar la recopilación de datos. El Tribunal Supremo exige la entrega de los nombres y apellidos de los afectados antes de las 15:00 horas del miércoles 28 de octubre. El incumplimiento de esta orden podría derivar en multas coercitivas de 1.000 euros y posibles responsabilidades por desobediencia.
Este conflicto surge de la controversia jurídica sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la «ley de nietos», específicamente sobre la interpretación de los requisitos del exilio. Hasta ahora, los datos son reveladores: la Abogacía del Estado informó que se han revisado 31.390 expedientes, pero solo 91 personas han logrado acreditar su condición de descendientes de exiliados bajo los términos exigidos judicialmente.
Ahora, las oficinas consulares deben examinar miles de expedientes para determinar qué ciudadanos podrán votar el 29 de noviembre. Con el plazo venciendo este miércoles, el Gobierno busca evitar que el incumplimiento de este requerimiento abra un nuevo frente con el Tribunal Supremo en plena campaña electoral.
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