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Fiscales de EE. UU. impugnan arrestos migratorios sin orden judicial

Nueva York, 20 oct (EFE).- Una coalición de fiscales generales de EE.UU. presentó este martes un escrito, como amigos de la corte, ante el Tribunal de Apelaciones del Circuido del Distrito de Columbia en apoyo de una demanda que impugna los arrestos de inmigrantes sin orden judicial por parte de agentes del Departamento de Seguridad […] La entrada Fiscales de EE.UU. impugnan los arrestos de inmigrantes sin orden judicial se publicó primero en HolaNews.

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Fiscales de EE. UU. impugnan arrestos migratorios sin orden judicial

Una coalición de fiscales generales de Estados Unidos ha presentado un escrito ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia para apoyar una demanda que impugna los arrestos de inmigrantes sin orden judicial realizados por el Departamento de Seguridad Nacional.

Los fiscales recuerdan que la ley federal exige que, para practicar arrestos civiles sin orden, los agentes deben tener causa probable de que la persona se encuentre ilegalmente en el país y que exista un riesgo real de fuga antes de obtener dicha orden. Sin embargo, sostienen que el DHS realiza habitualmente estos arrestos sin determinar el riesgo de fuga, una práctica que ha causado graves daños en la salud pública, la educación y las economías locales.

El documento denuncia que el uso de pasamontañas, gafas de sol oscuras, ropa de civil y vehículos sin distintivos, sumado a la negativa de los agentes a identificarse, ha aumentado el miedo en las comunidades afectadas. Los fiscales señalan que, aunque el presidente Donald Trump prometió deportar a delincuentes violentos, sus acciones actuales están "aterrorizando" a la población con arrestos sin fundamento que han separado a padres de hijos y paralizado negocios.

William Tong, fiscal general de Connecticut, describió estas operaciones como "hiperagresivas, apresuradas y caóticas", afirmando que han provocado muertes y lesiones innecesarias, y subrayó que el presidente debe aprender a respetar la ley y el debido proceso.

Esta acción legal, parte de la demanda colectiva Escobar-Molina contra el DHS, representa los intereses de territorios que albergan a más de 30 millones de inmigrantes, quienes constituyen el 19% de la fuerza laboral del país. La coalición, integrada por fiscales de más de 20 estados y el Distrito de Columbia, busca garantizar que la aplicación de las leyes migratorias se ajuste a derecho y respete los límites establecidos por el Congreso.

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