El director de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Daniel Molina, ha manifestado su respaldo formal a la propuesta de reducir la edad punible para aquellos menores de edad que se encuentren vinculados a las actividades delictivas de maras y pandillas en Honduras. Esta postura surge tras un análisis de la operatividad policial y la realidad del crimen organizado en el país, donde se ha observado que una parte considerable de los jóvenes son utilizados como herramientas por estructuras criminales más complejas.
Según las declaraciones de Molina, existe una preocupación creciente debido a que muchos jóvenes participan en actividades ilícitas siguiendo instrucciones directas de integrantes adultos de estas organizaciones criminales. El funcionario señaló que esta dinámica permite que las estructuras adultas operen a través de menores, aprovechando los marcos legales actuales para evadir consecuencias penales más severas.
No obstante, el director del DAET reconoció que el camino hacia una reforma de este tipo presenta retos significativos. Molina subrayó que existen grandes desafíos en el plano jurídico, ya que cualquier decisión sobre la reducción de la edad punible requiere un análisis exhaustivo de los alcances legales. Esto se debe a que Honduras posee una legislación específica que regula el proceso penal contra los menores de edad, además de ser suscriptora de diversos tratados internacionales que protegen los derechos de la infancia y la adolescencia.
En este sentido, el funcionario explicó que la legislación hondureña actual mantiene un enfoque garantista. El Código de la Niñez y la Adolescencia define a los menores como sujetos de protección, una premisa que, si bien es fundamental desde el punto de vista de los derechos humanos, según Molina, choca con la experiencia práctica en el campo policial. Para el director, la realidad operativa refleja situaciones donde jóvenes actúan como criminales activos, lo que hace imperativo revisar el marco legal vigente para adaptarlo a las necesidades de seguridad ciudadana.
Para ilustrar la problemática, Daniel Molina citó un caso concreto ocurrido durante un evento de desplazamiento forzoso en el sector de Villa Nueva. Durante el desarrollo de los hechos, mientras las personas abandonaban la zona, la policía llevó a cabo una intervención de inteligencia que resultó en la captura de cuatro menores de edad pertenecientes a la Pandilla 18. A pesar de que las víctimas lograron identificar plenamente a uno de los jóvenes capturados, Molina lamentó que, debido a la inmediatez que establece la ley actual respecto a las garantías de los menores, el sujeto tuvo que ser liberado.
Esta situación es, según el director, un reflejo de las limitaciones que enfrenta la seguridad pública al combatir el crimen organizado cuando hay menores involucrados. Molina proporcionó datos estadísticos derivados de las intervenciones policiales recientes para respaldar su argumento. Mencionó que jóvenes en el rango de edad de entre 15 y 18 años están activamente involucrados en actividades ilícitas. Como ejemplo, detalló que, de un grupo de 42 personas detenidas por el delito de extorsión, aproximadamente siete eran menores de edad, quienes, debido a las restricciones legales, no pudieron ser vinculados formalmente al mismo delito.
Mientras el brazo operativo de la seguridad plantea estas necesidades, el brazo legislativo ya comienza a mover sus piezas. El diputado y presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional (CN), Marco Paz, informó que para la próxima semana se llevarán a cabo análisis sobre posibles reformas legislativas.
Entre las medidas que se estudiarán en el Congreso Nacional se encuentra la posibilidad de elevar las penas aplicables a los menores de edad vinculados a delitos graves. Asimismo, se analiza la viabilidad jurídica de juzgar como adultos a aquellos menores que integren organizaciones terroristas, eliminando así el beneficio de la edad cuando se trata de estructuras criminales organizadas.
Finalmente, el plan de reforma propuesto por el diputado Paz también contempla la creación de centros de rehabilitación de máxima seguridad diseñados específicamente para menores infractores. El objetivo de estas instalaciones sería combinar la rehabilitación con un control estricto, evitando que los jóvenes sigan vinculados a las órdenes de las maras y pandillas mientras cumplen sus sanciones.
