El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ha rechazado la solicitud presentada por Andrés Riquelme Pallamar, exejecutivo de Principal Financial Group, quien buscaba una rebaja en las medidas cautelares impuestas en su contra. El imputado, que enfrenta cargos por los delitos de estafa y apropiación indebida, deberá permanecer bajo arresto domiciliario total mientras continúa la investigación por un presunto entramado de inversiones que provocó pérdidas millonarias a diversas personas.
El caso ha cobrado especial relevancia debido al impacto humano y económico de las operaciones financieras lideradas por Riquelme Pallamar. Entre las víctimas más afectadas se encuentra una profesora de nacionalidad alemana, quien había planificado regresar a Europa en 2024. No obstante, antes de concretar su partida, confió los ahorros de toda su vida al exejecutivo a través de dos sociedades, entre ellas Chilean Seller Inversiones y Asesorías Limitadas.
La consecuencia de esta decisión fue devastadora para la docente, quien perdió más de 256 millones de pesos. Según el relato de su abogado, la mujer no solo vio truncados sus planes de reencontrarse con sus hijos en el extranjero, sino que actualmente permanece varada en Chile viviendo en condiciones extremadamente precarias. Este escenario contrasta con la situación del imputado, quien se mantiene bajo arresto domiciliario total tras haber incumplido compromisos de pago en diciembre de 2023.
La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío ha revelado que el esquema de captación de capitales comenzó en junio de 2022. Andrés Riquelme Pallamar utilizaba su cargo como ejecutivo de Principal Financial Group y su propia empresa, Chilean Seller Inversiones y Asesorías Limitadas, para atraer inversionistas. El exasesor prometía rentabilidades periódicas basadas en el financiamiento de órdenes de compra, asegurando que estas operaciones contaban con el respaldo de instituciones reconocidas.
Para dar una apariencia de legalidad a los negocios, Riquelme Pallamar entregaba a sus clientes pagarés y escrituras públicas de reconocimiento de deuda. Entre los proyectos presentados a los inversionistas figuraba la adquisición de equipamiento destinado al Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. Sin embargo, las querellas presentadas indican que dichas órdenes de compra eran falsas y que las operaciones comerciales nunca existieron.
El sistema operaba bajo la lógica de un esquema Ponzi: durante los primeros meses, el exejecutivo cumplió con los pagos prometidos, lo que generó una falsa sensación de seguridad y confianza, motivando a los clientes a invertir más dinero y a atraer a nuevos inversionistas. Los fondos entregados por los nuevos clientes eran utilizados para pagar los rendimientos de los inversionistas anteriores.
Este mecanismo comenzó a colapsar entre el 4 y el 11 de diciembre de 2023, cuando se produjo un incumplimiento masivo de los pagos. Fue en ese momento cuando las víctimas descubrieron que sus inversiones carecían del respaldo prometido. Según consta en los antecedentes judiciales, el propio Riquelme habría admitido posteriormente que las operaciones eran ficticias y que los recursos habían sido desviados para cubrir deudas personales.
Tras su formalización en diciembre del año pasado, el imputado fue inicialmente puesto en prisión preventiva por solicitud del Ministerio Público. Posteriormente, logró que la medida fuera sustituida por arresto domiciliario total. A pesar de esto, su defensa volvió a recurrir al tribunal el pasado miércoles 14 de octubre, solicitando una nueva flexibilización de las medidas cautelares basándose en "nuevos antecedentes".
En la audiencia, la Fiscalía y los representantes de los querellantes se opusieron tajantemente a cualquier rebaja de las restricciones. Tras analizar los argumentos, la jueza Andrea Osorio Ganderats decidió mantener el arresto domiciliario total sin modificaciones.
Posterior a la resolución, el abogado de la profesora alemana cuestionó la credibilidad del imputado. Explicó que Riquelme Pallamar había alegado ante el tribunal su intención de reparar el daño económico, pero que dichos pagos nunca se han concretado. Asimismo, el abogado reveló que el imputado logró salir de la prisión preventiva anteriormente tras invocar un acuerdo económico de 400 millones de pesos con su propio padre, a quien supuestamente también le habría sustraído dinero.
El querellante calificó las gestiones de reparación como "meramente aparentes" y lamentó la situación de vulnerabilidad de su representada, insistiendo en que el imputado no ha demostrado una colaboración efectiva para mitigar el perjuicio causado a quienes perdieron la totalidad de sus ahorros.
