El proyecto de ley 699, destinado a reformar el Código Electoral de Panamá, se encuentra actualmente a la espera de su segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional, en medio de un clima de creciente tensión y un rechazo cada vez más manifiesto por parte de diversos sectores políticos y organismos técnicos.
Benicio Robinson, quien preside la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales y es simultáneamente presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), ha defendido la continuidad del proceso legislativo. Para el diputado bocatoreño, devolver el proyecto a un primer debate representaría un “retroceso”. No obstante, Robinson reconoció que el pleno deberá realizar correcciones a “dos o tres cosas” durante el segundo debate.
Como ejemplo de estos ajustes, el diputado mencionó una de las propuestas más controvertidas que él mismo impulsó: el artículo que permitiría a una persona ejercer dos cargos de elección popular de manera simultánea. Al respecto, Robinson ironizó sobre su propia experiencia previa, señalando que en su momento tuvo que renunciar a su puesto en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) para asumir como diputado, sugiriendo que ese punto específico podría ser eliminado.
La controversia se intensifica al analizar si el proyecto refleja los consensos alcanzados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Robinson admitió que, si bien la comisión aprobó ciertos puntos, los magistrados del Tribunal Electoral (TE) no los incluyeron en la propuesta original del proyecto 699, mientras que otros fueron añadidos directamente por los diputados. Según el legislador, son los diputados quienes finalmente ejecutan las modificaciones.
Esta postura ha generado fuertes reacciones. El diputado José Luis Varela, del Partido Panameñista, desmintió las afirmaciones de Robinson, asegurando que, aunque acordaron presentar propuestas consensuadas en la Comisión Nacional de Reformas Electorales que el Tribunal Electoral había omitido, nunca hubo un acuerdo para introducir modificaciones como la doble titularidad de cargos o el desplazamiento de otros artículos.
Por su parte, el diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas y secretario de la Comisión de Gobierno, respaldó la posición de Robinson, afirmando que no existe el “ambiente” necesario para retornar la propuesta al primer debate.
Sin embargo, el respaldo político choca frontalmente con la posición del Tribunal Electoral. En un comunicado emitido el 1 de octubre, los magistrados Narciso Arellano, Luis Guerra y Alfredo Juncá fueron tajantes al afirmar que los cambios introducidos por la Comisión de Gobierno representan “retrocesos para el sistema electoral panameño”. El órgano electoral advirtió que no apoyará medidas que pongan en peligro la democracia del país ni la equidad y transparencia de los comicios de 2029.
El proyecto original constaba de 168 artículos, pero la comisión liderada por Robinson introdujo 46 modificaciones durante el primer debate. Jorge Luis Herrera, presidente del Partido Panameñista, denunció que estos cambios se realizaron en apenas una hora, calificando la situación como una falta de debate de altura y sosteniendo que las reglas electorales no deben escribirse con el objetivo de ganar la próxima elección.
Entre los puntos más polémicos de la reforma se encuentran: la posibilidad de ocupar dos cargos públicos simultáneamente; el incremento del tope de donaciones privadas a 500,000 dólares en circuitos con más de 50,000 electores (superando los 300,000 para diputados y 150,000 para alcaldes actuales); la extensión del tiempo en sus puestos para funcionarios que aspiran a cargos de elección; el endurecimiento de los requisitos para crear partidos políticos, eliminando la regla de firmas de fundadores; y el traslado de la representación legal de los partidos desde la secretaría general hacia la presidencia.
Este último punto ha causado fricciones incluso dentro del PRD. Balbina Herrera, secretaria general del partido, envió una carta a la bancada advirtiendo que trasladar la representación legal a la presidencia del partido viola la Constitución.
La presión también proviene de la sociedad civil. La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo de Transparencia Internacional) y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) han expresado su rechazo. Transparencia Internacional solicitó formalmente a la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, que el proyecto sea devuelto al primer debate, alertando sobre la falta de discusión sustantiva y cuestionando la transparencia del financiamiento y la ausencia de reformas al subsidio electoral.
Finalmente, Yanibel Ábrego, presidenta de Cambio Democrático (CD), advirtió que el texto actual difiere gravemente de lo aprobado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, asegurando que su partido no permitirá “imposiciones ni madrugonazos electorales”. Por el momento, el proyecto permanece detenido hasta el regreso de la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, de su viaje.
