El Consejo Directivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD) alcanzó una serie de acuerdos fundamentales tras una intensa jornada de debate interno que se prolongó por más de seis horas. El objetivo principal del encuentro fue resolver las diferencias surgidas entre la secretaria general de la organización, Balbina Herrera, y el presidente del partido, Benicio Robinson, específicamente en torno a las reformas electorales que se discuten actualmente.
Como resultado de esta sesión, la dirigencia del PRD determinó la creación de una comisión especializada. Este grupo estará integrado por miembros del Consejo y abogados del partido, quienes tendrán la tarea de revisar exhaustivamente las diversas propuestas de modificación a las reformas electorales. El propósito final de este trabajo técnico es generar una postura unificada que sea entregada formalmente a la bancada de diputados del partido, asegurando así que el PRD actúe bajo una sola línea en la Asamblea Nacional.
El clima de la reunión estuvo marcado por la polémica generada previamente por la aprobación de la Resolución N.° 001-CEN/CDN-PRD. Dicho documento, emitido por la cúpula encabezada por Benicio Robinson, buscaba desautorizar las posturas de Balbina Herrera respecto a las reformas electorales debatidas en el Legislativo. Esta acción fue interpretada por diversos sectores como una señal de crisis política dentro de la organización fundada por Omar Torrijos.
La sanción impuesta a la secretaria general no estuvo exenta de críticas internas. El expresidente de la República (período 1994-1999), Ernesto Pérez Balladares, manifestó su objeción a los cambios, argumentando que los estatutos del partido ya establecen un balance adecuado de poder entre los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y cuestionó la necesidad de alterar lo fundado. En sintonía con esta postura, el diputado Crispiano Adames enfatizó que el PRD no tiene dueño y que pertenece a todos sus miembros, subrayando que la consulta es la mejor herramienta para evitar errores.
Por su parte, Benicio Robinson defendió su gestión alegando que los estatutos le otorgan la responsabilidad de velar por la unidad del partido. Robinson cuestionó públicamente que algunos integrantes recurran a las redes sociales y a los medios de comunicación para ventilar sus diferencias, haciendo un llamado a que los debates se mantengan estrictamente dentro de las instancias internas del partido.
A pesar de estas fricciones, el comunicado emitido por el PRD subrayó que el hecho de discutir las diferencias internamente fortalece la democracia del partido y facilita el avance hacia la renovación de todas sus estructuras prevista para el año 2027. La dirigencia envió un mensaje de cohesión frente a los cuestionamientos externos, afirmando que responden a quienes apuestan por la división con acuerdos, y a quienes anuncian crisis con organización y trabajo.
En paralelo a la resolución de conflictos, la dirigencia definió la hoja de ruta para la movilización nacional destinada a la jornada de inscripción masiva, programada para el próximo 11 de octubre de 2026. Ya se han establecido los puntos de inscripción y se ha solicitado el compromiso de las estructuras partidarias para garantizar el éxito de la convocatoria.
El trasfondo de esta disputa reside en el proyecto de ley 699, que modifica el Código Electoral. Esta propuesta ya superó el primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, aunque sigue pendiente su segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional.
El proyecto de ley introduce cambios significativos en las reglas para las candidaturas por libre postulación. Según la propuesta, para ciertos cargos, podrían quedar postuladas las tres nóminas que reúnan la mayor cantidad de firmas válidas, siempre que alcancen al menos el 3% de los votos válidos emitidos en la última elección para el cargo y la circunscripción respectiva. En el caso de los circuitos plurinominales, serían candidatos quienes obtengan más firmas hasta completar las curules, cumpliendo el porcentaje mínimo. Para el Parlamento Centroamericano, se plantea un régimen transitorio para 2029 con un requisito del 1.5% de los votos válidos para presidente en la última elección.
Además, la ley permitiría que ciudadanos inscritos en partidos políticos respalden candidaturas independientes mediante su firma sin necesidad de renunciar a su partido. Otro punto crítico es el financiamiento privado para campañas a diputado, propuesto por Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho. Se establecen topes según el número de electores: $300,000 para circuitos de hasta 30,000 electores; $400,000 para circuitos entre 30,001 y 50,000; y $500,000 para aquellos que superen los 50,000 electores. Bajo este esquema, el techo potencial agregado para los 43 circuitos alcanzaría los $17.4 millones, lo que representa una diferencia de $4.5 millones en comparación con un límite uniforme de $300,000 por circuito.
