La situación procesal de la exmodelo Graciela Núñez ha dado un nuevo giro tras la reciente determinación judicial en el caso de violencia familiar en el que se encuentra imputada. La mujer, quien ya cumplía una medida de arresto domiciliario, deberá ahora sumar a sus restricciones el uso de una tobillera electrónica, según lo dispuesto por la jueza a cargo de la causa.
Esta nueva medida cautelar no solo implica un control más riguroso de sus desplazamientos, sino que conlleva una carga económica considerable para la imputada. El dispositivo de monitoreo electrónico tiene un costo mensual de dos millones y medio de guaraníes, monto que deberá ser solventado por la propia Graciela Núñez.
La noticia y el impacto económico de esta medida fueron analizados en el programa de televisión “Sin Vueltas”, conducido por Karina Doldán. Durante la emisión, la conductora expresó su asombro ante el elevado costo del dispositivo. Doldán señaló que, si bien sabía que el uso de la tobillera tenía un precio asociado, no esperaba que la cifra alcanzara los dos millones y medio de guaraníes, llegando a comparar el costo del dispositivo con el alquiler de un departamento.
Para profundizar en los detalles del proceso legal, el programa contó con la participación de las abogadas Sandra Farías y Katia Laterra, quienes representan la defensa de la exmodelo. Durante la entrevista, las profesionales del derecho detallaron la compleja relación entre la imputada y su marido, señalando que este último no se encuentra satisfecho con la medida de prisión domiciliaria.
Según explicó la abogada Laterra, la contraparte busca que Graciela Núñez sea privada efectivamente de su libertad en un centro penitenciario. Como argumento para solicitar el endurecimiento de las medidas, el esposo habría alegado un suceso ocurrido el año pasado, en el cual afirmó haber soñado que la mujer le colocaba un arma en la cabeza. Ante esto, la defensa aseguró contar con bastantes elementos de prueba y evidencias que demuestran que, en la fecha mencionada, la pareja se encontraba manteniendo una rutina normal y tranquila, desmintiendo así la gravedad de lo alegado.
Asimismo, la defensa abordó una acusación reciente sobre una supuesta violación del arresto domiciliario. La parte querellante planteó la revocatoria de la medida domiciliaria alegando que la exmodelo habría salido de su hogar para acudir a un centro de salud con el fin de extraerse sangre. Esta afirmación fue tajantemente negada por la abogada Laterra, quien calificó la acusación como "totalmente falsa".
La letrada detalló que no existe ninguna prueba material, como videos o registros, que confirmen que la imputada haya abandonado su domicilio. Mencionó que, aunque inicialmente se solicitó que se trajera el video del Centro de Salud de Luque para comprobar la asistencia de Núñez, posteriormente ese pedido de allanamiento fue dejado de lado al percatarse de que tal evidencia no existía, ya que la mujer nunca salió de su casa.
Ante estos planteamientos, la jueza María Cecilia Ocampo Benedetti resolvió no revocar el arresto domiciliario, fundamentando que no se presentaron pruebas contundentes que demostraran el incumplimiento de la medida. No obstante, a pesar de mantener el domicilio como lugar de reclusión, la magistrada determinó la implementación de la tobillera electrónica como mecanismo de control.
Finalmente, la defensa indicó que, aunque la resolución de la doctora Ocampo Benedetti se mantiene, la parte contraria tiene el derecho de apelar dicha decisión. Mientras tanto, persiste la preocupación sobre la viabilidad económica de la medida, ya que Graciela Núñez debe pagar la costosa mensualidad de la tobillera en un contexto donde su arresto domiciliario le impide salir de su casa para trabajar y generar los ingresos necesarios.
