El fondo de inversión Burford Capital, entidad responsable de financiar el complejo litigio contra la República Argentina por la expropiación de la petrolera YPF, ha dado un nuevo paso legal al presentar un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El objetivo central de esta presentación es lograr que el máximo tribunal estadounidense revise el fallo judicial que dejó sin efecto una condena previa contra el Estado argentino por un monto de US$ 16.100 millones, más los intereses correspondientes.
La solicitud formal fue ingresada el pasado 30 de septiembre, fecha que coincidió exactamente con el último día del plazo legal establecido para recurrir a la Corte Suprema. Con este movimiento, los demandantes buscan revertir de manera directa la resolución dictada el 27 de marzo por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Dicha resolución había anulado íntegramente la sentencia de primera instancia emitida por la jueza Loretta Preska. En aquel fallo de 2023, la jueza Preska había responsabilizado al Estado argentino por incumplir el estatuto de la compañía al no haber lanzado una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios durante el proceso de nacionalización llevado a cabo en el año 2012.
En la petición de certiorari presentada ante los magistrados, los representantes de las sociedades accionantes fueron contundentes al calificar la decisión de la Cámara de Apelaciones como «gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes». El argumento principal de los demandantes es que el tribunal de alzada se apartó de la jurisprudencia ya establecida, otorgando una preeminencia indebida a una interpretación del derecho argentino y a resoluciones emitidas por tribunales locales.
El análisis técnico de la presentación fue desglosado por el especialista financiero Sebastián Maril, quien señaló que los accionantes no están solicitando que la Corte reinterprete el estatuto de YPF. En su lugar, han formulado dos cuestiones federales de fondo. La primera cuestiona si un Estado puede utilizar su propia legislación interna para eludir la jurisdicción de la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA, por sus siglas en inglés). La segunda cuestión indaga sobre cuánta diferencia o peso debe otorgarse a la interpretación que un país hace de su propia legislación cuando dicha postura es planteada por primera vez en una instancia de apelación.
Para fortalecer su pedido de revisión, los demandantes han citado una división de criterios existentes entre las cortes de apelaciones de los circuitos 7°, 9° y 11°, en contraposición a la postura del Distrito de Columbia. Asimismo, la estrategia legal se apoya expresamente en la disidencia redactada por el juez José Cabranes, quien fue el único magistrado que falló en contra de la Argentina durante la revisión de marzo. El punto neurálgico del recurso busca determinar si las protecciones ofrecidas a los inversores por los Estados soberanos dentro del mercado de capitales estadounidense son jurídicamente exigibles.
Es importante destacar que el mecanismo de certiorari otorga a los jueces la facultad discrecional de decidir si aceptan o rechazan la revisión de un expediente. Las estadísticas históricas muestran que la Corte Suprema de Estados Unidos recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones por período de sesiones, pero suele conceder el análisis de apenas unos 80 casos. Por lo tanto, si el tribunal rechaza el pedido, la decisión que anuló el fallo de la jueza Preska quedará firme de manera definitiva; de lo contrario, el caso continuará su curso hasta una resolución final.
Ante la incertidumbre y la complejidad del escenario en Nueva York, Burford Capital ya ha iniciado acciones paralelas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal que depende del Banco Mundial.
Cabe aclarar que los accionistas en este proceso no son inversores directos originales de la petrolera, sino fondos y sociedades que adquirieron los derechos litigiosos de exaccionistas. El fondo dirigido por Christopher Bogart posee el 35% de los derechos económicos vinculados a la quiebra de las sociedades Petersen (de la familia Eskenazi) y el 82% de Eton Park. Tras la derrota judicial ocurrida en marzo, el valor contable de estas participaciones sufrió un desplome drástico, pasando de US$ 1.700 millones a una cifra cercana a los US$ 100 millones.
El fallo de segunda instancia representó un punto de inflexión fundamental para la Argentina tras más de una década de disputas legales. El panel, integrado por los jueces Denny Chin y Beth Robinson, concluyó que la jueza Preska aplicó incorrectamente la legislación nacional, sentenciando que las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato no son admisibles bajo el derecho argentino.
Por su parte, la defensa de la Procuración del Tesoro de la Nación basó su exitosa estrategia de apelación en tres pilares técnicos: sostuvo que el juicio debía tramitarse en la jurisdicción local, demostró el error de interpretación de la jueza sobre el derecho societario y administrativo argentino, y planteó que, en caso de un eventual pago, este debía calcularse con el tipo de cambio de 2023, lo que habría reducido la multa a US$ 4.920 millones. Esta resolución liberó al país del pago de US$ 16.100 millones y ratificó que YPF no tuvo responsabilidad legal en la estatización. Desde la Procuración afirmaron que anticipaban el recurso de Burford y ratificaron que continuarán defendiendo los intereses nacionales.
