El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha manifestado su firme rechazo ante una propuesta normativa impulsada por el Ejecutivo, la cual busca implementar mecanismos de caracterización y la creación de un sistema nacional de información dedicado específicamente a las Guardias Indígenas. A través de un comunicado oficial, la organización ha exigido al Gobierno Nacional que se abstenga de ejecutar cualquier medida que pueda vulnerar el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales, colectivos y territoriales de las comunidades originarias.
Para el CRIC, la Guardia Indígena no es una entidad administrativa ni una organización creada por decreto, sino que representa una expresión histórica, colectiva y comunitaria de los pueblos indígenas. Según la organización, esta figura nace orgánicamente desde los territorios y encuentra sus cimientos en la espiritualidad, la cosmovision, el derecho propio, la ley de origen, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Por lo tanto, cualquier intento de encasillarla en un sistema de información estatal es visto como una extralimitación.
En el desarrollo de su denuncia, el CRIC enfatizó que la existencia de la Guardia Indígena no es el resultado de un reconocimiento, autorización o reglamentación otorgada por el Estado. Por el contrario, su legitimidad deriva estrictamente del mandato de las comunidades y de las autoridades tradicionales, integrándose plenamente en sus procesos organizativos y en sus esquemas de gobierno propio. En este sentido, la organización sostiene que la autoridad de la Guardia emana de la base social indígena y no de una concesión gubernamental.
Un punto crítico señalado por la organización es la naturaleza del sistema de información propuesto. El CRIC subrayó que la creación de dicha base de datos, presentada bajo la apariencia de una herramienta administrativa o de reconocimiento, no debe ser utilizada como un requisito. La organización fue enfática al señalar que las medidas de garantía y protección que el Estado debe brindar a estas comunidades no pueden, bajo ninguna circunstancia, estar condicionadas a la entrega de datos personales o colectivos.
Desde la perspectiva jurídica y política del CRIC, la obligación del Estado es garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas sin desconocer su autonomía y autodeterminación. Estas garantías deben estar sustentadas en el bloque de constitucionalidad y en la Constitución Política, marcos legales que protegen la diversidad y la autonomía de los pueblos originarios frente a las imposiciones administrativas del gobierno de turno.
La preocupación central de la organización radica en los peligros potenciales que conlleva el manejo de esta información por parte del Ejecutivo. El CRIC alertó que este tipo de acciones generan un riesgo latente, ya que los datos recolectados podrían transformarse en un mecanismo de seguimiento, vigilancia, estigmatización, individualización o incluso en una herramienta para la judicialización de quienes ejercen legítimamente acciones de defensa territorial y comunitaria.
En este sentido, el comunicado puntualizó que la Guardia Indígena responde exclusivamente a sus comunidades y a sus autoridades ancestrales, dejando claro que no forman parte de las políticas de los gobiernos de turno ni deben ser instrumentalizadas para fines estatales. Como conclusión, la organización hizo un llamado urgente a la unidad y a la defensa del tejido histórico de resistencia que une a los pueblos indígenas hermanos.
A esta denuncia se sumó la Defensora del Pueblo, Iris Marín, quien respaldó la postura de las comunidades al afirmar que la Guardia Indígena no precisa de procesos de vigilancia, caracterización o administración por parte del Estado. Marín aseveró que, más allá de un registro administrativo, lo que la Guardia realmente necesita son garantías reales y efectivas para continuar protegiendo la vida y el territorio.
Finalmente, es importante precisar que la Guardia Indígena está integrada por adultos, jóvenes y niños de los pueblos indígenas, quienes se organizan de manera voluntaria con el fin primordial de cuidar sus comunidades. Se destaca que este cuerpo de defensa no utiliza armas de fuego ni recibe entrenamiento militar, manteniendo como máximo símbolo de su autoridad el bastón de mando, también conocido como chonta.
