El juez federal en lo Contencioso Administrativo, Martín Cormick, ha emitido una nueva resolución en la que amplía los fundamentos de una decisión previa y otorga un plazo perentorio de cinco días al Gobierno nacional, liderado por Javier Milei, para que dé cumplimiento efectivo a una medida cautelar. Esta orden judicial se centra en la actualización salarial del personal docente y no docente, así como en el ajuste de las becas estudiantiles, tal como lo establece la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución, firmada esta mañana, surge como respuesta a un pedido de revocatoria interpuesto por el Ejecutivo nacional frente a la intimación realizada el pasado 22 de septiembre. En este nuevo pronunciamiento, el magistrado fue tajante al apercibir al Estado nacional: en caso de persistir el incumplimiento de la medida cautelar, se procederá a la aplicación de multas diarias, conocidas en el lenguaje judicial como astreintes.
Para fundamentar su decisión, el juez Cormick recordó que la medida cautelar, dictada originalmente en diciembre del año pasado, ya se encuentra firme. Esta situación jurídica se consolidó tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio, instancia en la cual el máximo tribunal rechazó el último recurso presentado por el Gobierno, dejando así sin vías de escape legales la obligatoriedad de la medida.
Uno de los puntos más críticos de la resolución es el análisis de la inflación. El magistrado replicó los argumentos presentados por el Estado y, tras citar la Ley de Financiamiento Universitario, señaló que la inflación acumulada entre el 1° de diciembre de 2023 y el mes de junio de 2026 —fecha en la que quedó firme la cautelar según el texto analizado— alcanzó un porcentaje del 312,19%.
Ante este escenario, el Gobierno nacional sostuvo que ya estaba cumpliendo con la medida, basando su postura en el acta paritaria de junio pasado, la cual otorgó un incremento salarial del 21,3%, sumado a un 3% adicional previsto para octubre. Sin embargo, el juez calificó este accionar como un "cumplimiento parcial". Cormick señaló que no existe respaldo suficiente que demuestre que el cálculo de los aumentos para docentes y no docentes de las universidades públicas haya sido efectuado siguiendo el modo estipulado por la norma, el cual requiere ponderar las variables de ajuste, específicamente la inflación del 312,19% mencionada.
Asimismo, el juez fue crítico con la estrategia legal del Ejecutivo, afirmando que los abogados del Gobierno basan su planteo en circunstancias que ya han sido analizadas en el expediente y que sus expresiones representan argumentaciones que ya fueron rechazadas previamente por dicho Tribunal.
Desde el ámbito universitario, la respuesta no se hizo esperar. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), calificó la decisión judicial como “contundente y fundamentada”. Cabe recordar que fue el CIN quien promovió la demanda judicial el año pasado contra el Estado nacional, denunciando el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
A pesar de la claridad de las órdenes judiciales, el proceso se ha extendido significativamente. La cautelar de diciembre, ratificada por la Cámara de Apelaciones en marzo y ordenada como de aplicación “inmediata” debido a su carácter alimentario —al afectar sueldos y becas—, se encamina a convertirse en la más larga de la historia sin ser aplicada. Este retraso se debió, en parte, a una decisión polémica del fuero Contencioso Administrativo que suspendió la ejecución de la medida mientras se esperaba la resolución de la Corte Suprema.
Desde el fallo definitivo de la Corte el 25 de junio, el juez Cormick ha agotado diversas instancias: citó a una audiencia, otorgó tres días de plazo para que el Gobierno brindara explicaciones y, posteriormente, intimó al pago en cinco días. La resolución de esta mañana renueva una vez más esa intimación.
Actualmente, la comunidad universitaria estima que el monto que el Estado debe depositar para cumplir con la ley supera el 33% de aumento salarial, tomando como base el 312,19% de inflación registrado durante la gestión de Milei. Todo este conflicto judicial se desarrolla en un clima de alta tensión, coincidiendo con el inicio de un nuevo paro universitario de 72 horas que comenzó este miércoles en todas las instituciones nacionales.
Finalmente, el escenario legal permanece abierto. Existe una gran expectativa sobre la resolución de fondo que el juez Cormick deberá emitir respecto a la demanda del CIN. En dicha instancia se definirá la validez y aplicación total de la Ley aprobada por el Congreso, frente al decreto de Javier Milei que, aunque promulgó la norma, no la aplicó plenamente argumentando que no estaban especificadas las fuentes de financiamiento.
