En un esfuerzo por frenar la violencia que azota la región, la alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Peñalba, ha solicitado formalmente la implementación urgente de un toque de queda en el corregimiento de Veracruz. Esta petición, remitida el pasado 14 de septiembre, busca responder a una situación crítica de seguridad que ha afectado la tranquilidad de los residentes y la estabilidad de la zona.
La solicitud fue dirigida específicamente al comisionado Héctor Delgado, quien se desempeña como jefe de la 12.ª zona de la Policía Nacional del canal. A través de una misiva oficial, la alcaldesa Peñalba expuso la gravedad de los hechos que ocurren en la comunidad, calificando la situación actual como una "alarmante escalada de inseguridad". Según el documento, esta crisis no es un evento aislado, sino un fenómeno que afecta gravemente al corregimiento de Veracruz y requiere medidas extraordinarias para ser mitigado.
Dentro de los argumentos presentados por la administración municipal, se destaca la preocupante recurrencia de incidentes delictivos. La alcaldesa señaló que la frecuencia de balaceras y robos ha alcanzado niveles que alteran profundamente la paz social de la comunidad. Estas actividades criminales no solo han generado un clima de temor constante, sino que han puesto en riesgo inminente la integridad física y la vida de los ciudadanos que habitan y transitan por este sector de Arraiján.
En su comunicación formal, Peñalba fue enfática al solicitar que las autoridades evalúen y ejecuten la medida de restricción de movilidad lo antes posible. "Solicito formalmente la evaluación y pronta implementación de un toque de queda en el corregimiento de Veracruz", indicó la mandataria local en la nota. Para la alcaldesa, el establecimiento de un toque de queda se presenta como una "medida necesaria y urgente ante la actual coyuntura", siendo fundamental para lograr el control efectivo del territorio y fortalecer la prevención de delitos en el área.
Más allá de la solicitud de la restricción horaria, la administración municipal ha manifestado su total disposición para trabajar de la mano con las diversas entidades gubernamentales. La misiva de la alcaldesa indica la voluntad de establecer todas las coordinaciones interinstitucionales que resulten necesarias para que la medida sea viable y efectiva. Este compromiso de colaboración busca asegurar que la estrategia de seguridad no sea un esfuerzo aislado, sino un plan coordinado donde el municipio aporte los recursos y la gestión local para garantizar el éxito de la operación.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública ha emitido una respuesta a través de su titular, Frank Alexis Abrego. Durante el pasado fin de semana, el ministro Abrego aclaró la naturaleza legal de esta medida, señalando que la decisión de aplicar un toque de queda en el corregimiento de Veracruz es una facultad que compete directamente a la alcaldesa del distrito de Arraiján.
Abrego explicó que, conforme al marco legal vigente, son los gobiernos locales quienes poseen la autoridad para adoptar este tipo de medidas restrictivas. En este sentido, subrayó que a la fuerza pública le corresponde acatar la decisión municipal una vez sea formalizada. No obstante, el ministro añadió que, de implementarse el toque de queda, esto representaría una ayuda notable para las operaciones de la Policía Nacional, facilitando el control del orden público y la identificación de elementos sospechosos.
Mientras se define la implementación de esta medida, las autoridades ya han iniciado acciones en el terreno. Desde finales de la semana pasada, la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Ministerio Público, ha estado ejecutando diversas diligencias en la zona. Estas acciones incluyen allanamientos y la búsqueda activa de personas requeridas por la justicia.
Estos operativos están encaminados específicamente a ubicar y capturar a elementos que presuntamente están vinculados con actividades delictivas en la provincia de Panamá Oeste. El despliegue policial busca desarticular los focos de criminalidad que han llevado a la alcaldía a solicitar medidas tan severas como el toque de queda, intentando restablecer la seguridad en una comunidad que hoy se encuentra bajo una presión delictiva considerable.
