En un hecho ocurrido en el barrio Olaya de la ciudad de Barranquilla, un usuario de la empresa Air-e Intervenida fue judicializado luego de protagonizar un violento incidente contra el personal técnico de la compañía. El altercado se produjo en el marco de un procedimiento operativo relacionado con la prestación del servicio de energía eléctrica, el cual terminó en daños materiales y amenazas contra los trabajadores.
De acuerdo con la información suministrada por Air-e Intervenida, el incidente se desencadenó mientras los técnicos realizaban un procedimiento de suspensión del servicio de energía en el domicilio del usuario. El motivo de dicha acción sería una deuda acumulada por el servicio que ascendía a una cifra aproximada de 2,6 millones de pesos. Ante la intervención del personal, el hombre reaccionó de manera agresiva, iniciando una serie de confrontaciones que escalaron rápidamente.
La compañía detalló que, en medio de la disputa, el sujeto no solo habría proferido amenazas contra la integridad de los trabajadores, sino que recurrió al uso de un objeto contundente. Específicamente, se informó que el hombre utilizó un martillo para romper el vidrio panorámico del vehículo en el que se movilizaba el personal técnico y los contratistas de la empresa, ocasionando daños significativos al automotor.
Ante la gravedad de la situación y la escalada de violencia en el sector, fue necesaria la intervención inmediata de la Policía de Barranquilla. Los uniformados se desplazaron hasta el barrio Olaya para controlar la situación, restablecer el orden y asegurar la integridad física de los técnicos presentes. Tras el control del incidente, las autoridades adelantaron el proceso de judicialización del usuario debido a los daños causados al vehículo y el comportamiento violento registrado durante la jornada.
Por su parte, Air-e Intervenida manifestó un rechazo categórico hacia los hechos ocurridos. La empresa enfatizó que, bajo ninguna circunstancia, las inconformidades relacionadas con la facturación, los procesos de suspensión del servicio o cualquier aspecto de la prestación del servicio eléctrico justifican el uso de la violencia o la puesta en riesgo de la vida de los trabajadores y contratistas que operan diariamente en la ciudad.
En un comunicado oficial, la compañía fue enfática al señalar que existen rutas establecidas para la resolución de conflictos: “Las diferencias se tramitan por las vías institucionales, nunca mediante la violencia”, declararon. Asimismo, reiteraron que la empresa cuenta con diversos canales de atención diseñados específicamente para que los usuarios puedan presentar sus reclamaciones, solicitar revisiones de facturas o buscar alternativas para solventar sus obligaciones financieras.
A pesar de la agresividad mostrada inicialmente, el desenlace del caso tomó un rumbo administrativo. Tras el incidente y la intervención policial, el usuario acudió a una de las oficinas comerciales de Air-e Intervenida. En dicho espacio, el hombre logró entablar un diálogo con los representantes de la compañía y procedió a suscribir un acuerdo de pago formal para ponerse al día con la deuda pendiente de 2,6 millones de pesos.
Óscar Lema, director comercial de Air-e Intervenida, aprovechó la situación para hacer un llamado general a la ciudadanía. El directivo invitó a todos los usuarios que presenten dificultades económicas para cumplir con sus pagos a acercarse a la empresa y utilizar las alternativas de financiación y los canales de atención disponibles. Lema subrayó que la concertación y el diálogo son las únicas herramientas válidas para resolver las obligaciones pendientes.
Finalmente, la empresa insistió en que ningún procedimiento operativo o diferencia económica justifica agresiones contra el personal. La compañía cerró su postura reiterando la importancia de utilizar los medios institucionales para garantizar que cualquier disputa sea resuelta de manera pacífica y legal, protegiendo así la integridad de quienes trabajan en la operatividad del servicio energético en la región.
