La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y diversas autoridades del Gobierno Nacional han alcanzado un acuerdo estratégico con el objetivo de abordar una de las problemáticas más apremiantes para la administración local y la economía ciudadana: el incremento en el precio del diésel. Tras una serie de deliberaciones, ambas partes han consensuado un plazo perentorio de 15 días calendario para que se definan y establezcan medidas concretas o alternativas que permitan reducir el impacto negativo que el alza de este carburante está generando a nivel nacional.
Este consenso fue el resultado de una reunión de trabajo sostenida entre el presidente de la FAM, Johnny Torres Terzo, y representantes del Gobierno Nacional. Durante el encuentro, se retomaron y analizaron los puntos que ya habían sido abordados previamente en una reunión realizada en el mes de agosto, en la cual participó el presidente Rodrigo Paz. Esta continuidad en la agenda refleja la intención de dar seguimiento a los compromisos asumidos anteriormente para resolver las tensiones económicas que afectan a los municipios.
En relación con el incremento del precio del diésel, Johnny Torres Terzo enfatizó que la FAM ha actuado como un canal de comunicación directo entre la población y el Ejecutivo. El presidente de la federación informó que durante la reunión se transmitieron las preocupaciones y demandas de la ciudadanía, quienes han sentido el peso del incremento en sus actividades cotidianas y productivas. Como respuesta a esta situación, se ha decidido trabajar bajo una agenda conjunta con el Gobierno Nacional, fijando el límite de 15 días para determinar qué medidas de mitigación serán aplicadas para frenar el efecto del alza de precios.
Torres Terzo subrayó que el costo del carburante fue uno de los temas centrales de la mesa de diálogo. Esta prioridad se debe al impacto directo y multidimensional que tiene el diésel, no solo en la operatividad de los municipios, sino fundamentalmente en la economía de la población general, afectando sectores clave que dependen del transporte y la maquinaria pesada para su sustento.
Más allá de la crisis del carburante, la reunión también permitió avanzar en otros puntos críticos de la agenda financiera municipal. El presidente de la FAM informó que hubo progresos significativos respecto al esquema denominado 50-50, un punto que ha sido objeto de debate en las gestiones administrativas entre los gobiernos locales y el nivel central del Estado.
Uno de los temas más complejos tratados fue la devolución de los recursos correspondientes al 12%. Sobre este punto específico, el acuerdo alcanzó dos dimensiones claras. En primer lugar, se ha establecido que, a partir del año 2027, se deje de efectuar el débito de los recursos del 12%, poniendo fin a lo que el dirigente describió como la "confiscación" de estos fondos. Esta medida busca devolver una mayor autonomía financiera a los municipios a mediano plazo.
En segundo lugar, como parte de la resolución de este conflicto financiero, se planteó la necesidad de realizar una consulta formal al Banco Central de Bolivia (BCB). El objetivo de dicha consulta es determinar con exactitud el saldo acumulado por concepto de la confiscación de esos recursos, permitiendo así tener una cifra clara sobre los fondos que han sido retenidos.
“Se estableció que desde el año 2027 se deje de debitar, de confiscar, los recursos del 12%, y lo segundo es que se pueda consultar al Banco Central el saldo recaudado por la confiscación de los recursos”, declaró detalladamente Torres Terzo al finalizar la sesión.
Con estos acuerdos, la FAM y el Gobierno Nacional sientan las bases para una resolución temporal sobre el precio del diésel y una hoja de ruta para la recuperación de recursos municipales, quedando ahora la expectativa puesta en el cumplimiento del plazo de 15 días para la implementación de las medidas de mitigación del combustible.
