Los votantes del estado de California han rechazado la Proposición 40, una medida legislativa que proponía la implementación de un impuesto único del 5% sobre la riqueza de aquellos residentes cuyo patrimonio neto superara los 1.000 millones de dólares. La votación pone fin a una de las disputas más visibles y costosas de este ciclo electoral, marcada por una intensa batalla financiera y política entre los sectores más acaudalados del estado y los defensores de un mayor gasto social.
La medida, que buscaba gravar la fortuna de aproximadamente 250 multimillonarios residentes en California, tenía como objetivo principal la recaudación de fondos para el sistema de atención médica. Según losimpulsores de la propuesta, los recursos obtenidos se destinarían prioritariamente a compensar los recortes federales realizados a Medicaid y otros programas sanitarios, asegurando así la continuidad de los servicios básicos para la población más vulnerable.
El camino hacia las urnas estuvo marcado por una campaña de oposición sumamente agresiva y costosa. Grupos respaldados por financistas multimillonarios invirtieron decenas de millones de dólares en publicidad diseñada para frenar la aprobación de la Proposición 40. Entre las figuras más prominentes de esta oposición se encontró Sergey Brin, cofundador de Google, quien aportó más de 100 millones de dólares a un grupo dedicado a bloquear el impuesto. Brin, nacido en Moscú, justificó su postura en declaraciones al New York Times, donde comparó la medida con la sociedad de la que tuvo que huir durante su infancia, manifestando su rechazo a que California adoptara el socialismo.
La resistencia no solo fue financiera, sino también estructural. Líderes de los sectores empresarial y tecnológico lanzaron advertencias claras sobre las consecuencias de aprobar el impuesto, amenazando con trasladar sus residencias y, en algunos casos, sus empresas fuera de los límites de California. Esta posibilidad generó preocupación sobre la posible pérdida de empleos clave y una fuga de capitales que podría afectar la economía del estado.
En el ámbito político, la medida generó divisiones incluso dentro del partido demócrata. El gobernador de California, Gavin Newsom, manifestó su rechazo a la Proposición 40, argumentando que un impuesto estatal no resolvería otras necesidades presupuestarias urgentes, tales como el cuidado infantil, la educación o la crisis de vivienda. Newsom, quien evalúa una posible candidatura presidencial para el año 2028, propuso en su lugar la creación de un impuesto nacional a los multimillonarios. Asimismo, cuestionó que el código tributario del estado fuera redactado bajo los términos de "una sola organización de defensa de causas". En la misma línea, el gobernador electo Xavier Becerra también se pronunció en contra de la medida.
Por otro lado, la Proposición 40 contó con el respaldo de figuras progresistas de peso, como el senador de Vermont, Bernie Sanders, y el representante californiano Ro Khanna, además del apoyo de diversos sindicatos. Sus defensores sostenían que el impuesto era una respuesta imperativa ante los recortes en el gasto sanitario incluidos en la ley republicana denominada "One Big Beautiful Bill".
De acuerdo con las estimaciones de los proponentes, California se enfrenta a un déficit anual de aproximadamente 20.000 millones de dólares, una cifra que pone en riesgo directo a Medi-Cal, el programa que brinda atención médica a los ciudadanos de bajos ingresos. Los cálculos indicaban que la Proposición 40 podría haber recaudado 100.000 millones de dólares, monto suficiente para cubrir dicho déficit durante un periodo de cinco años.
Tras el resultado, Suzanne Jimenez, integrante del grupo "Yes on 40", calificó la campaña de los opositores como "profundamente engañosa y corrupta", criticando el volumen de dinero utilizado para influir en la decisión de los votantes. En un comunicado, Jiménez afirmó que "comprar una elección no es lo mismo que ganar el debate", asegurando que, aunque los multimillonarios hayan logrado una victoria temporal en las urnas, la lucha por lograr que paguen lo que les corresponde y salvar la vida de los pacientes apenas comienza.
