La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) ha llevado a cabo una serie de ajustes significativos que impactan tanto en la imagen institucional del organismo como en la administración de sus recursos financieros proyectados para el ejercicio 2026. Estas decisiones responden a diversas presiones, desde críticas sobre la identidad visual hasta la necesidad de garantizar la estabilidad laboral del personal contratado bajo regímenes específicos.
En primera instancia, el Instituto procedió a modificar nuevamente su manual de identidad gráfica. Esta decisión surge tras una ola de críticas relacionadas con el fenómeno denominado "ajolotización", derivado de la elección previa de un color morado para el imagotipo. Según los señalamientos, dicho tono guardaba una similitud excesiva con la paleta de colores utilizada por el gobierno de la Ciudad de México, así como con la identidad visual del partido PAZ, lo que generó cuestionamientos sobre la neutralidad y distinción de la imagen del organismo electoral.
Ante este escenario, la Junta General Ejecutiva determinó sustituir los tonos morados por una gama de grises para el imagotipo del instituto. De acuerdo con las nuevas especificaciones técnicas, la boleta del logotipo contará con un tono gris claro, mientras que las letras que conforman las siglas "INE" se presentarán en un color gris oxford. Asimismo, el manual de identidad ahora permite el uso del color beige como color secundario. El documento aprobado la noche del pasado jueves detalla una paleta extendida que incluye el gris oxford, gris, beige, gris medio, gris claro y un gris denominado "cálido", además de mantener el uso del negro y el blanco.
Paralelamente a los cambios estéticos, el INE ha implementado una estrategia financiera para asegurar la operatividad de su capital humano. El organismo ha anunciado que reasignará un monto total de 146 millones 460 mil 443 pesos, provenientes de ahorros y economías generados durante el año 2026. El objetivo primordial de este movimiento presupuestario es garantizar el pago de los salarios correspondientes al último trimestre de dicho año para el personal que se encuentra contratado bajo el régimen de honorarios permanentes.
Sobre este punto, la directora ejecutiva de Administración, Liliana Díaz de León, brindó precisiones técnicas sobre la naturaleza de este movimiento. La funcionaria explicó que esta medida no constituye un incremento al presupuesto global que fue autorizado previamente para el denominado Capítulo 1000, el cual corresponde a los servicios personales. En su lugar, Díaz de León describió la acción como una transferencia compensada de recursos, lo que significa que se están moviendo fondos ya existentes dentro del presupuesto aprobado para cubrir una necesidad específica sin alterar el techo financiero general.
En el desglose detallado de la cifra, se informó que 139 millones 280 mil 707 pesos están destinados específicamente al Capítulo 1000, mientras que los 7 millones 179 mil 736 pesos restantes se aplicarán para cubrir el impuesto sobre nómina.
La necesidad de recurrir a estas reasignaciones tiene su origen en los ajustes presupuestarios realizados por la Cámara de Diputados para el ejercicio 2026. Inicialmente, el presupuesto asignado al INE solo contemplaba los recursos suficientes para cubrir el pago del personal de honorarios permanentes durante el primer semestre del año. Posteriormente, mediante una primera reasignación de ahorros, se logró asegurar la cobertura financiera para el tercer trimestre.
Actualmente, la Junta General Ejecutiva se encuentra analizando la utilización de economías generadas en el presupuesto base, la operación diaria y diversos proyectos integrados en la cartera institucional para poder cubrir el cuarto trimestre del año. Esta estrategia busca evitar cualquier reducción de personal que resulte necesaria para el correcto funcionamiento de la operación institucional y la ejecución de proyectos estratégicos del organismo.
Finalmente, Liliana Díaz de León aseguró que este proceso de reasignación no comprometerá el cumplimiento de las metas ni los objetivos fijados por las distintas áreas del Instituto. Asimismo, subrayó que los proyectos de la cartera institucional no se verán afectados, dado que se trata de recursos que ya estaban contemplados dentro del presupuesto autorizado para 2026, solo que ahora se redistribuyen para priorizar el pago de los servicios personales. La propuesta fue presentada formalmente ante la Junta General Ejecutiva para su validación y aprobación final.
