El abogado Rafael Badell Madrid, quien preside la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, ha lanzado una serie de graves denuncias relacionadas con el manejo judicial del caso Pdvsa-Cripto y el proceso de renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela. Durante una entrevista concedida al programa de análisis Noche D, del portal TalCual, el jurista expuso una situación que califica como una vulneración sistemática de las garantías fundamentales y la independencia judicial.
En relación al caso Pdvsa-Cripto, Badell denunció que el juicio ha adoptado una modalidad que limita la transparencia y el debido proceso. Según explicó, la jueza a cargo ha determinado que los imputados participen en las audiencias mediante conexiones telemáticas desde sus propias celdas, mientras ella permanece en el tribunal. Para el abogado, esta decisión no es meramente administrativa, sino que vulnera las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal y busca reducir la exposición pública de las denuncias que han surgido durante el proceso. Badell sostuvo que esta medida tiene como objetivo eliminar la connotación pública que el juicio había adquirido inicialmente.
El jurista, quien afirmó conocer de primera mano el expediente, describió el proceso como un ejemplo claro de la falta de independencia judicial en el país. Destacó que en una misma causa fueron agrupadas más de 60 personas con perfiles sumamente diversos, incluyendo a antiguos ministros, diputados, funcionarios públicos, empresarios, banqueros, constructores, agricultores, choferes y empleados. Esta amalgama de procesados, según Badell, evidencia la irregularidad del procedimiento.
Una de las denuncias más críticas se refiere a las condiciones de reclusión y el trato recibido por los detenidos. Badell señaló que los procesados permanecieron entre dos y tres años privados de libertad sin juicio y sin un acceso adecuado a la defensa, antes de que las audiencias comenzaran en abril de 2026. Asimismo, alertó sobre la existencia de denuncias de torturas y malos tratos, asegurando que algunos acusados afirmaron haber sido torturados incluso en presencia de representantes del Ministerio Público. El abogado lamentó que tales testimonios, vertidos durante el juicio, no hayan dado lugar a ninguna investigación formal.
Además de las violaciones a la integridad física, Badell denunció la confiscación arbitraria de bienes pertenecientes a los detenidos, mencionando la apropiación irregular de hoteles, empresas, haciendas e inmuebles. Respecto a los cargos principales, el abogado afirmó que las pérdidas multimillonarias de recursos petroleros, mencionadas frecuentemente en los anuncios públicos, no han sido demostradas dentro del expediente que él conoce. En este sentido, insistió en que cualquier responsabilidad penal debe determinarse respetando el artículo 49 de la Constitución, que garantiza un juez imparcial y un juicio justo para todo ser humano, independientemente de su condición económica o política.
Sobre la calificación de los detenidos, Badell defendió la inclusión de algunos procesados del caso Pdvsa-Cripto en la lista de presos políticos presentada por María Corina Machado. Para el académico, un preso político es cualquier persona que haya perdido su libertad como resultado del ejercicio arbitrario del poder, independientemente de si ha expresado una posición partidista pública o no, especialmente cuando el encarcelamiento conlleva violaciones a los derechos fundamentales y despojo de bienes.
Finalmente, el jurista centró sus críticas en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia. Aunque valoró la postulación de profesionales y académicos reconocidos, advirtió que el proceso actual compromete la recuperación de la independencia judicial. Cuestionó que el baremo de evaluación otorgue un peso significativo a la experiencia previa dentro del sistema judicial venezolano, argumentando que haber formado parte de una estructura cuestionada no debería considerarse una ventaja.
Badell fue enfático al criticar la composición del Comité de Postulaciones Judiciales, señalando que la inclusión de 11 diputados de la Asamblea Nacional contraviene su interpretación del artículo 270 de la Constitución, el cual debería privilegiar la representación de la sociedad civil. Calificó este inicio como erróneo y rechazó la creación de una instancia ad hoc para evaluar las postulaciones, mecanismo que no está contemplado constitucionalmente. Asimismo, se opuso a que los nuevos magistrados sean nombrados por un periodo distinto a los 12 años establecidos en la Carta Magna, concluyendo que el país no puede avanzar con un poder judicial cooptado.
