En una operación coordinada y ejecutada durante la madrugada, las autoridades peruanas llevaron a cabo una requisa exhaustiva en el penal Ancón I, logrando el decomiso de más de 35 teléfonos celulares, sustancias ilícitas y armas blancas. La intervención se centró en el registro total del pabellón 1, afectando específicamente a celdas y áreas comunes vinculadas a internos que forman parte de organizaciones criminales, destacando la presencia de reclusos presuntamente integrados en la organización denominada ‘La Confederación’.
El despliegue operativo estuvo bajo la dirección de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR), la cual trabajó en estrecha coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Según informaron voceros del Ministerio del Interior, los agentes realizaron un barrido completo que incluyó dormitorios, pasadizos, celdas y diversos espacios compartidos, con el objetivo primordial de localizar equipos de comunicación y otros objetos cuya posesión está estrictamente prohibida dentro de los establecimientos penitenciarios.
Durante la búsqueda, los efectivos descubrieron más de 35 teléfonos móviles equipados con sus respectivos chips. El ingenio de los internos para ocultar estos dispositivos fue evidente: algunos aparatos habían sido escondidos dentro de medias deportivas y cajas de leche, mientras que otros fueron hallados en zonas elevadas y techos de los ambientes utilizados por los reclusos.
Además de los dispositivos móviles, la inspección permitió el hallazgo de otros elementos prohibidos. Las autoridades incautaron hasta 8 mil soles en dinero en efectivo, cargadores de celulares, un repetidor de señal wifi, balanzas digitales y un kit completo destinado a la realización de tatuajes. Asimismo, en los ambientes intervenidos se encontraron sustancias ilícitas y armas punzocortantes, hecho que reitera la problemática persistente sobre el ingreso clandestino de artículos prohibidos en cárceles calificadas como de alta seguridad.
Este operativo no fue un hecho aislado, sino el resultado de una planificación basada en labores de inteligencia que contó con el apoyo estratégico de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Embajada de Estados Unidos. Todo el material decomisado ha quedado a disposición de las autoridades competentes para dar inicio a las diligencias correspondientes.
Los equipos móviles incautados serán sometidos a peritajes técnicos especializados. El objetivo es determinar si estos teléfonos fueron utilizados para coordinar actividades delictivas con personas externas a la prisión o para realizar llamadas extorsivas. Las investigaciones se orientarán a identificar los contactos y las posibles redes de apoyo que operan fuera del penal en vinculación con los usuarios de estos aparatos.
La gravedad de esta situación se refleja en las estadísticas citadas por el sector Interior, las cuales estiman que aproximadamente el 45 % de las extorsiones registradas a nivel nacional tendrían su origen dentro de los penales. Un análisis de registros suministrados por la Policía y empresas operadoras de telefonía, cruzados con datos del INPE, reveló que desde las cárceles peruanas se generaría, en promedio, más de una llamada relacionada con posibles extorsiones cada hora.
Ante este escenario, el INPE ha solicitado a las compañías telefónicas el bloqueo de los registros vinculados a estas comunicaciones. No obstante, se advierte que las cifras reales podrían ser significativamente mayores debido al subregistro ocasionado por las víctimas que optan por no denunciar las amenazas recibidas.
Respecto a las modalidades de ingreso de estos objetos, se han detectado métodos que incluyen el lanzamiento de artículos desde el exterior, el uso de encomiendas y el ingreso a través de las visitas. Una vez dentro, estos aparatos se transforman en herramientas críticas de comunicación entre los internos y sus operadores externos.
Los integrantes de ‘La Confederación’ afectados por esta intervención serán investigados por la presunta posesión indebida de celulares, armas, municiones y material explosivo en establecimientos penitenciarios.
Cabe resaltar que esta requisa se produce en el marco de la declaración de emergencia emitida el pasado 5 de septiembre, la cual abarca cinco establecimientos penitenciarios: Ancón I, Miguel Castro Castro, El Milagro, Challapalca y Cochamarca. Esta medida, con una duración de 60 días calendario, responde a que estos centros concentran cerca del 50 % de los internos vinculados a organizaciones criminales. El plan del Ejecutivo contempla controles estrictos en los accesos, inteligencia y operativos permanentes para erradicar el ingreso de objetos prohibidos.
Previamente, el 15 de septiembre, un despliegue de más de 500 personas, entre policías, fiscales y agentes penitenciarios, ya había realizado revisiones similares en estos centros, culminando también con el decomiso de celulares, drogas y armas. Los más de 35 teléfonos recuperados ahora en Ancón I se consideran piezas clave para desarticular las redes de extorsión coordinadas desde el interior del penal.
