Las trágicas muertes de los ciudadanos costarricenses Randall Gamboa Esquivel y Carlos Josué Marchena Marchena han puesto de manifiesto una vulnerabilidad crítica: el riesgo de que el Gobierno de Costa Rica actúe con lentitud en la protección de sus compatriotas detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Estas pérdidas humanas evidencian la urgencia de un sistema de seguimiento consular más eficiente para evitar que más nacionales enfrenten situaciones extremas sin el respaldo de su Estado.
El caso de Randall Gamboa, de 52 años, es un testimonio devastador del deterioro físico y mental que puede ocurrir bajo custodia. Gamboa falleció un mes y medio después de ser repatriado en un vuelo ambulancia costeado por el gobierno estadounidense. Aquel hombre que alguna vez fue robusto, con una estatura de 1,77 metros, regresó a Costa Rica con un peso cercano a los 50 kilos, incapaz de caminar, hablar o alimentarse por sus propios medios, y dependiendo de una sonda gástrica para sobrevivir. Por otro lado, Carlos Josué Marchena, de 36 años, murió el pasado 18 de septiembre mientras se encontraba bajo custodia, a pesar de que un juez ya había ordenado su expulsión desde el mes de julio.
La gravedad de la situación se dimensiona al conocer que, según datos revelados por el diario La Nación y basados en el Deportation Data Project de las universidades de California en Berkeley y Los Ángeles, al 5 de agosto permanecían otros 67 costarricenses bajo custodia del ICE. Este hallazgo sitúa al gobierno de la presidenta Laura Fernández ante la responsabilidad inmediata de intervenir antes de que la falta de comunicación, las enfermedades o las detenciones prolongadas deriven en nuevas tragedias.
La urgencia de esta acción está respaldada por datos alarmantes. Una investigación del diario San Francisco Chronicle, publicada en junio, analizó 48 muertes de personas detenidas por el ICE entre enero de 2025 y abril del presente año. De acuerdo con médicos independientes consultados por dicho medio, en al menos 17 de esos casos, una atención médica oportuna habría permitido que las personas sobrevivieran.
En el grupo de los 67 costarricenses detenidos, las cifras de permanencia son preocupantes: una persona acumulaba 765 días de detención (más de dos años), tres superaban el año, ocho excedían los seis meses y 11 llevaban más de 90 días recluidos. Respecto a su situación legal, es fundamental precisar que no todos son delincuentes; solo 14 de los 67 (un 21%) tenían condena, 21 enfrentaban cargos pendientes y 32 presentaban infracciones migratorias. No obstante, la irregularidad migratoria o los antecedentes penales no anulan el derecho fundamental a la salud, al debido proceso, a la asistencia consular y a la dignidad humana.
Se hace un llamado a que la Cancillería, a través de la Embajada en Washington y los consulados, implemente un registro propio para identificar y localizar a cada nacional, conocer su estado de salud, verificar si cuentan con defensa legal y mantener el vínculo con sus familias. Costa Rica cuenta con un acuerdo con el Departamento de Estado que establece la notificación consular obligatoria en caso de arrestos, el cual debe hacerse valer rigurosamente.
Como referencia, la Embajada de Estados Unidos en San José ya ofrece servicios similares para sus nacionales detenidos en Costa Rica, incluyendo visitas consulares periódicas, facilitación de listas de abogados, contacto familiar y gestión de atención médica. Asimismo, México reportó en 2025 la realización de 9.617 visitas a centros de detención y 17.597 asesoramientos legales, demostrando que la gestión consular puede ser medible y efectiva.
Las deficiencias actuales tienen un costo humano y económico alto. La familia de Gamboa tuvo que pagar 10.000 dólares a abogados para localizarlo en un hospital, donde fue encontrado en estado crítico. La familia de Marchena, quien padecía diabetes, denunció desmayos, aislamiento y retrasos en su alimentación y medicación, llegando a reunir 15.000 dólares para pagar defensa legal.
La crisis persiste con casos como el de Oyner Gerardo Vargas Morales, de 33 años, quien lleva casi tres meses detenido y ya ha firmado su salida voluntaria. Su hermana, Erika, ha denunciado que teme por la vida de Oyner, quien sufre de depresión, pérdida de apetito y una infección, mientras la familia carece de recursos para pagar un abogado, solicitando la intervención urgente de la Cancillería.
Detrás de estas cifras hay familias que ven cómo el sueño americano se transforma en una pesadilla. La solidaridad del gobierno debe materializarse en visitas, seguimiento médico y orientación jurídica oportuna, pues las muertes de Gamboa y Marchena ya han demostrado que llegar tarde es, en la práctica, fallar en la protección de los ciudadanos.
